La matanza de Pacheco

Iba a encabezar el artículo ‘Pacheco 0 – Sánchez 1’, pero después pensé que era un título demasiado frívolo para una Sentencia tan triste. El domingo, casualmente, estuve viendo el programa de Jordi Évole titulado ‘Dedocracia’. Era una reposición. Asustaba el número de asesores legalmente permitidos que existen en las instituciones públicas. No estoy en contra de ellos, sino de los que asesoran sin tener valía para asesorar: los enchufados a los que los partiditos buscan un partidito donde reponerse de un varapalo partidista como, por ejemplo, la derrota electoral de su partido. Sin embargo, este juicio no va de eso exactamente, sino de la denuncia puesta en la Fiscalía por la Alcaldesa de Jerez que más asesores dicen que tenía frente al Alcalde de Jerez que más años ha estado en el cargo.

Dice la defensa de Pacheco que las contrataciones de José López y Manuel Cobacho respondían a un pacto político entre PSOE y PSA. Yo creo a Felipe Meléndez, estoy convencido que pudo existir ese pacto. Debo reconocer, eso sí, que admiro a Meléndez como ejemplo a seguir por los abogados jóvenes. No lo he tratado mucho –una vez coincidí en un pleito en el que él, claro está, llevaba al pez gordo y yo sustituía a la abogada que llevaba al pez chico– pero me parece un fantástico profesional, una persona agradable y correcta. Un auténtico “Doctor Iuris” (el primigenio, diría yo). Creo que aritméticamente ha salido bien parado su cliente, Pedro Pacheco: De casi 18 años de prisión que le solicitaban, le han condenado a 4,6. Y aún queda el Supremo. Su recurso tendrá que pasar, eso sí, por encima de un testigo-perito, el catedrático de D. Administrativo, José Luis Rivero Isbern que al parecer quedó «perplejo» y sin «poder reaccionar» cuando se le preguntó si se podía contratar asesores extra cuando ya se habían nombrado los asesores políticos permitidos por la ley.

De la Sentencia confirmo dos conclusiones antiguas: el plazo máximo de ejercicio de un cargo político debe ser dos legislaturas y que debe haber un control mayor sobre las figuras de los asesores políticos, cuyos salarios deben ser, como mínimo, equivalentes y no superiores a los de los funcionarios públicos de categoría similar. Muchos problemas se hubieran solucionado respecto a la irregularidad administrativa o prevaricación continuada denunciada, de la que muchos –y muchas, diría una trasnochada Amparo Rubiales, no sé si por alguna mujer de su partido en concreto– deberían ir tomando nota.

Hace tres años publiqué un artículo narrando un desayuno en el que coincidí con Pedro Pacheco. Permítanme que me autocite. Un párrafo: «Le dije: ‘Pedro, ¿cuándo vas a sacar tus memorias?’. Me contestó. ‘Limpio mis cuchillos para cuando venga la matanza, que vendrá. Pero tengo que hacer mis memorias, tengo la obligación de contar la verdad. No me voy a callar nada, le pese a quién le pese, porque fui alcalde durante la transición y tengo mucho que contar». Me ofrecí a escribir sus memorias y durante casi medio segundo estuvo de acuerdo conmigo’». Hoy, vuelvo a hacerle el ofrecimiento. Estará en vigor mi oferta hasta que el Constitucional resuelva su caso. Tiene tiempo aún para pensárselo. El título, ya lo tengo (véase arriba).