Marbella vuelve a tener Plan de Ordenación Urbana después de 24 años sin regulación

La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) dio ayer luz verde para su aprobación definitiva al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (Málaga), que supone el primer PGOU de este municipio tras 24 años, y que contempla la regularización de unas 16.500 viviendas ilegales, de un total de 18.000 viviendas en esa situación.

Esta aprobación fue anunciada por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, quien recordó que este Plan regirá el desarrollo urbanístico del municipio para los próximos ocho años y precisó que el plan contempla inversiones por un montante global de 1.823 millones de euros para ese período, así como el desarrollo de 9.400 viviendas protegidas.

Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, destacó que este documento otorgará «seguridad jurídica» al municipio y ha sido aprobado con los votos a favor del conjunto de los miembros de la Cotua, salvo la abstención de Ecologistas en Acción.

Tras este visto bueno del PGOU por parte de la Cotua, el Ayuntamiento deberá efectuar algunas correcciones de errores y remitirlo de nuevo a la Junta, de forma que el consejero de Vivienda aprobará definitivamente el documento, que deberá incorporar esas indicaciones dictadas por la Comisión.

Juan Espadas recordó que Marbella , con más de 100.000 habitantes, se convierte en la «primera ciudad del litoral andaluz que cuenta con un PGOU aprobado adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)».

Espadas destacó el hecho de que «tras 24 años se pueda disponer de la seguridad jurídica y de un instrumento de planificación que decida el futuro de una ciudad, después de un proceso enormemente tortuoso» y con un plan de «gran complejidad jurídica».

Recordó en ese sentido que en esos años «ocurrieron las cosas más graves, como la retirada de competencias urbanísticas en 2006, la disolución de la Corporación y responsabilidades legales de gravedad en las decisiones que los gobiernos locales de Gil, Muñoz y Yagüe tomaron durante una etapa amplia en el Ayuntamiento de Marbella, transgrediendo y sobrepasando cualquier posibilidad lógica de diseñar un modelo de ciudad con las leyes en la mano».

Banana Beach

Espadas indicó que existían 18.000 viviendas ilegales, de las que se regularizan 16.500 viviendas, que entran dentro del plan, mientras que el resto queda fuera del planeamiento. En ese sentido, existen 1.100 viviendas no habitadas que quedan fuera de la normalización al no ajustarse al plan, mientras que otras 500 viviendas, pertenecientes a tres promociones, en concreto Banana Beach, y bloques en Río Real y La Víbora, «difícilmente tienen cabida en el plan, y ahora deberán estudiarse y darles una solución al tener problemas en su normalización y para determinar una compensación a la ciudad por parte de sus propietarios». Además, existen entre 30 o 40 viviendas ubicadas en el litoral que tendrán que analizarse más a fondo.

El consejero rechazó la posibilidad de legalizar el conjunto de viviendas irregulares y argumentó para ello varias sentencias del Tribunal Supremo sobre este asunto, donde el TS «apunta que no cabe la legalización sin más de edificaciones ilegales y no cabe que un plan puede convertir en legal todo lo ilegal; un plan que planteara eso sería ilegal y fruto de suspensión por parte de los tribunales».

Por ello, precisó que ha primado en la redacción de este PGOU «el criterio de seguridad jurídica y garantizar el interés general blindándose con un máximo rigor jurídico en la defensa de un modelo de ordenación que encajara el mayor número de situaciones producidas desde la ilegalidad».

En ese sentido, destacó el alto volumen de regularización obtenido, un objetivo «sumamente difícil de conseguir», por lo que se mostró «satisfecho», tras lo que reconoció la existencia de una serie de situaciones particulares en las que «no era posible, sin quebrar el modelo de ordenación, llegar a su regularización».