Distorsionado, irracional, injusto, ... el nombre es lo de menos

A bote pronto, son los adjetivos que me vienen a la cabeza para calificar y encuadrar el mercado laboral español. La mano de obra española puede agruparse en una primera aproximación en tres niveles, funcionarios públicos, trabajadores fijos y eventuales. Otra opción de encuadramiento, más profusa a la vez que indicativa sería la siguiente: funcionarios públicos, personal laboral al servicio de las administraciones públicas, trabajadores de empresas públicas, trabajadores al servicio de empresas concesionarias de servicios públicos, trabajadores de grandes empresas y el resto de trabajadores, estos dos últimos estratos, en su doble dimensión a su vez de fijos y temporales. Si el factor trabajo pudiera ser radiografiado estáticamente, ésta sería la fotografía que mejor lo inmortalizaría. Creo que sobran las palabras y se justifica la inmediata intervención del legislativo que racionalice el vetusto, arcaico e inoperante mercado de trabajo español.

Engrosar la cifra de desempleo va a ser uno de los momentos más angustioso en la vida de una persona. El nivel de vida para una inmensa parte de la población va a depender de su salario. Pero, además de éste, las personas se realizan también como consecuencia de su propia actividad. El paro supone angustia vital, a la vez que el individuo ve mermada su capacidad económica, haciendo bajar sus estándares de satisfacción económica. La debilidad del mercado laboral español tiene un importantísimo efecto negativo en el bienestar económico y personal de una gran parte de la población. Tan es así, que la primera y principal preocupación del 79% de los españoles es el paro. Tanto la gente joven demandante de empleo, como aquellos trabajadores que pierden su empleo en un mercado laboral como el nuestro, falto de vigor y con trabas endémicas, son partícipes de pérdidas económicas que les afectarán durante toda su vida, amén de producir insatisfacción personal y alejar a la persona del estadio de la felicidad. Muchos estudios comparan la pérdida del empleo con la muerte de un familiar allegado.Todo ello exige poner los medios para dar satisfacción a toda la población. Todo ello justifica la inmediata intervención de las Cortes españolas para poner coto a un mercado de trabajo, que no tiene sentido y además, es absolutamente injusto. Refirámonos a la incidencia en éste de los funcionarios públicos, personal laboral al servicio de las administraciones públicas, trabajadores de empresas públicas y trabajadores al servicio de empresas concesionarias de servicios públicos, que son sin duda los que crean mayores cotas de disfunción y de irracionalidad.

El número de funcionarios supera la cifra de los tres millones. Ello representa el 15% del total de la población activa ocupada. La realización de los servicios públicos encomendados por la legislación vigente a las distintas administraciones, ni mucho menos justifican una cifra de esa naturaleza, que además supone una cantidad equivalente al 26% del gasto público total. El Estado español está excesivamente burocratizado. El número de funcionarios públicos debe ser acorde a las auténticas y racionales necesidades. Para ello, debe externalizarse la prestación de cuantos servicios no suponga la realización directa de actividad de poder o 'autoritas' que es lo que realmente justifica la existencia del funcionariado público en un Estado democrático de derecho, que permita el desenvolvimiento y continuidad de la Administración a pesar de la alternancia en el poder los distintos gobiernos. Además de ese incremento de funcionarios desorbitado e injustificado, dos ejemplos son suficientes para ver lo mal que se han hecho las cosas por aquí. En primer lugar la Junta de Andalucía, con un número interminable de sentencias que anulan los procesos de reclutamiento de su personal por no ser ajustado a Derecho, en cuanto que se infringen los principios de mérito y capacidad, cuando no de publicidad y transparencia en las propias convocatorias. En segundo lugar, los ayuntamiento que se van a ver abocados a presentar regulaciones de empleo en fechas próximas porque tienen sus plantillas tan infladas que son económicamente inviables. Muchos de ellos muy cerca nuestra.

Vayamos ahora a lo que demanda el momento, esto es, el trabajo prestado por trabajadores al servicio indirecto de las administraciones. La prestación de servicio se lleva a cabo en un organismo autónomo administrativo o en una empresa pública, o bien, por empresas privadas a través de una concesión administartiva. Aquí las distorsiones y las disfunciones con el régimen de mercado son evidentes y por lo tanto no deseables. No es sólo el caso de los controladores aéreos, también entran en danza el sistema de estiba en los puertos españoles de interés general y por supuesto todas aquellas actividades que se prestan en régimen de concesión administrativa, como son los servicios prestados en muchas localidades de recogidas de basuras, de suministros de aguas, de electricidad... Pues bien, todo el problema que aquí se plantea queda sintetizado en la existencia de normas estatales que impiden el libre ejercicio de la actividad, aderezado ello con la propia negociación colectiva, unido ello a la ausencia de una legislación clara y eficaz en materia de huelga, que es el aditamento preciso para entender por qué muchas de las situaciones aparecen contempladas en la situación que hoy se presentan. La solución a todo ello pasa por modificar la regulación normativa de la prestación de los servicios en régimen de concesión administrativa.

Sólo un recordatorio al señor Blanco en su cruzada aérea. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En dicho supuesto, se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio. Pues ya sabe don Pepiño, el nombramiento o la continuidad del Presidente de AENA es su responsabilidad.y la del convenio colectivo también.