Justicia analizará la exclusión de los 'sin papeles' del padrón de Vic

El Ministerio de Justicia anunció ayer que reclamará un informe a la Abogacía del Estado para que determine si es legal o no la polémica decisión delalcalde de Vic de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Justicia solicitó este informe una vez que el Ayuntamiento de la población barcelonesa celebró ayer un pleno municipal en el que el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, de CiU, insistió en defender la legalidad de la medida, a pesar del rechazo que ha recibido desde el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas.

Vila d'Abadal, no obstante, anunció que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes, que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el 4 de febrero. Un día antes, el consistorio celebrará un nuevo pleno en el que podrían introducirse cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal e incluso xenófobo. El alcalde dijo, en cambio, que pone orden, avanza en la integración de la inmigración y coloca a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que forman el equipo de gobierno de Vic, CiU, ERC y PSC, es total, si bien ayer el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. «Si una instancia superior al ayuntamiento determina que la medida es ilegal, estamos dispuestos a retirarla», dijo.

Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya (PxC), formación de ultraderecha y que es la segunda fuerza por número de votos y ediles, cuatro, en Vic. «Esta medida la celebramos porque nosotros lo hemos dicho siempre, los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización», señaló. Y concluyó: «Porque la inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, el inmigrante ilegal nos aporta más gasto social y más delincuencia en las calles».

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aunque pidió prudencia a la espera del informe de la Abogacía del Estado, defendió «los derechos vinculados a la dignidad del ser humano» y subrayó que el empadronamiento no puede «condicionar» que una persona pueda «estar en un lugar y pertenecer a una sociedad».

Por su parte, el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, afirmó ayer que la «errática» política de inmigración del Gobierno está detrás de la situación en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona). Moreno dijo que la ley hay que cumplirla.

El secretario general de ICV, Joan Herrera, pide al Govern la «aprobación de decretos y medidas» que eviten que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) pueda negar el empadronamiento a los 'sin papales'. A su vez, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, confió ayer en que «se podrá reconducir» la decisión del Ayuntamiento de Vic.