Corbacho estima que la economía sumergida ya supone más del 16% del PIB

Al menos el 16% del Producto Interior Bruto (PIB) español procede de la economía sumergida, según aseguró ayer el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El ministro apuntó que se trata de una actividad tan difícil de controlar, dada su propia naturaleza, que no descarta que el porcentaje ascienda a un 20%, lo que equivaldría a unos 200.000 millones de euros, cifra equivalente a la recaudación de la Seguridad Social de dos años.

Gracias a la labor de la Inspección, la Seguridad Social rescató de esa economía sumergida durante 2009 a 48.742 afiliados y consiguió ingresar 960,74 millones más de euros en cotizaciones, vía multas. Además, los empresarios tuvieron obligatoriamente que convertir 52.000 contratos temporales en indefinidos por cubrir tareas sin fecha de caducidad.

Las declaraciones de Corbacho tuvieron lugar en la presentación de los resultados anuales de la Inspección de Trabajo de 2009. Precisamente, el 40% de las visitas de este cuerpo estuvo encaminado a descubrir a ocupados en situación ilegal. El 60% de las inspecciones obedeció a salidas planificadas y el 40%, a denuncias de los trabajadores.

En el ámbito de la economía «irregular», señaló Corbacho, el sector de la hostelería fue el más vigilado con casi 50.000 controles. Las infracciones más comunes fueron la existencia de trabajadores -ajenos a la atención directa al público- que carecían de Seguridad Social, como personal de cocina, y la firma de contratos a tiempo parcial para desarrollar jornadas más amplias. A continuación se situaron el comercio, con 45.000 inspecciones; la construcción, con 43.600; y los servicios, con 38.000. En las otras áreas productivas hubo menos de 10.000 visitas. Las sanciones son siempre para el empleador, explicó Corbacho. «El objetivo del Gobierno no es perseguir al ilegal sino al que se aprovecha de su situación y le explota laboralmente», remarcó.

El ministro fue muy crítico con el informe de la cajas de ahorro, que pospone la recuperación del 8% de tasa de paro a 2020; y más comedido con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que adelantó esa meta a 2015. Sobre la reforma laboral, insinuó que el Gobierno no está dispuesto ahora a rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social en los 1,5 puntos comprometidos en julio, días antes de que el diálogo social se rompiera estrepitosamente.

Recordó que una reducción de dos puntos supone nada menos que 8.000 millones de euros. «Hay que trabajar entre todos para decidir por dónde queremos que discurra el futuro de la Seguridad Social», añadió.