Casi 400 viviendas rurales quedarán sin legalizar tras la aplicación del PGOU

La delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, lo dejó claro hace unos días: «En el Plan General de Ordenación Urbana está todo lo que se puede regularizar». Es decir, las 934 viviendas que se encuentran recogidas en el documento suponen ya el último eslabón en la legalización definitiva de la zona rural jerezana, lo que implica que casi 400 inmuebles permanecerán fuera del ámbito legal.

Se trata de todos aquellos que se encuentran en terreno agrícola e inundable, y que como subrayó la alcaldesa, Pilar Sánchez, no se regularizarán porque en ellos «se ponen en riesgo vidas humanas».

En este aspecto y, a pesar de las reivindicaciones de colectivos como la federación Unión Rural, la postura del Ayuntamiento es inamovible, por lo que se prevé que los propietarios de las viviendas continúen en esta situación de irregularidad por tiempo indefinido, por lo que obviamente tampoco podrán recibir ayudas para paliar los desastres provocados por el temporal.

No hay que olvidar, además, que al encontrarse en el limbo de la legalidad prácticamente la mitad de los afectados carece de suministros básicos como el alcantarillado o la red eléctrica. Se trata de personas residentes en barriadas como Las Pachecas, El Mojo Gallardo o La Depuradora de Cuartillos, cuyas casas han sido construidas en suelos destinados al cultivo y dada su localización no puede procederse ahora a su desafectación.

Procedimiento

Las que se encuentran en vías pecuarias, sin embargo, son la inmensa mayoría de las que se han incluido en el vigente PGOU, aunque su regularización depende de un procedimiento que se deberá llevar a cabo de forma conjunta con la Junta de Andalucía.

Al estar ubicadas estas viviendas en terrenos públicos, el propietario deberá comprar un trazado alternativo a la vía pecuaria que ofrecerá posteriormente a la Junta, y entonces ésta le venderá su parcela y se podrá desafectar el suelo, previo pago eso sí de todas las mejoras urbanísticas que el procedimiento requiera.

A pesar de todas estas explicaciones por parte de la Administración local y de las trabas e impedimentos legales para la regularización de las viviendas excluidas del procedimiento, la federación no se da por vencida y continúa su cruzada en pos de la legalización absoluta de la zona rural. La presidenta del colectivo, Ana Rosa Pérez, se agarra a ciertas promesas electorales que el equipo de gobierno realizó en su día y que, según ella, han caído en agua de borrajas.

«A nosotros son engañaron, porque nos dijeron que iban a legalizar todas las cañadas y luego cuando ganaron las elecciones no hicieron nada de nada». Pérez insiste en la «discriminación» continua que a su juicio sufren los vecinos de estas barriadas, ya que como se citó anteriormente casi 200 familias carecen de servicios mínimos.

En este sentido, una de las demandas históricas de Unión Rural consiste en la dotación de todas estas necesidades sin que ello dependa en exclusiva del proceso de regularización, algo que con la ley en la mano resulta ciertamente improbable.