«Nos tratan como si fuéramos 'okupas'»

Historias de familias que subsisten en pleno siglo XXI sin los servicios mínimos las hay para todos los gustos. Sólo en la zona rural jerezana se contabilizan unas 200 que sobreviven como pueden reivindicando unos derechos que nadie puede garantizarles, o bien porque sus viviendas aún se encuentran en pleno proceso de regularización o, lo que es peor, porque no pueden ser legalizadas.

De todos los casos existen algunos especialmente llamativos como el de Josefa Beltrán, que anda metida en pleitos porque su parcela, a pesar de tener los papeles en regla, fue catalogada por el Catastro hace dos años como suelo rústico y además carece de agua, luz y alcantarillado desde que se construyó la vivienda.

Como explicó la afectada a este medio, ella compró la casa en La Depuradora de Cuartillos a un tercero hace ocho años cumpliendo con todos los requisitos legales; el inmueble tenía escrituras y constaba en el registro de la propiedad, y sin embargo cuando fue a ocuparlo se encontró con la sorpresa de que no disponía de los servicios básicos antes mencionados.

Revalorización catastral

Por si fuera poco, hace un par de años con la revalorización catastral el terreno pasó de urbano a rústico, como apunta ella, con lo que la tasación del inmueble bajó de 120.000 a 7.800 euros. Desde entonces, Josefa puso el tema en manos de su abogado, Ildefonso Cáceres, y ya ha perdido la cuenta de los recursos interpuestos y los quebraderos de cabeza que toda la situación le ha provocado.

«Yo compré la vivienda con todo en regla, vivíamos en Jerez pero a mi marido le gustaba el campo y ahora resulta que me he quedado sin el piso y me encuentro con este problema». La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que la perjudicada se divorció y ahora su ex marido le reclama la mitad de esos 120.000 euros que se supone que valía la propiedad y que ha acabado tasada en un precio tan bajo.

«Si me hubieran dicho desde un principio que era ilegal no la habría comprado -se lamenta-. Y en esta situación no sólo estoy yo, también se encuentran otras cuatro o cinco familias de la barriada que tienen los papeles y carecen de estos servicios, y además sin explicación alguna; yo creo que alguien quiere hacer algo con este terreno y por eso se empeñan en declararlo ilegal».

Especulaciones aparte, lo cierto es que el día a día de Josefa, su hija y su nieta de nueve años, que comparten domicilio, se ha convertido en un vía crucis a la hora de realizar tareas tan sencillas como ducharse o lavar la ropa. «Vamos a por agua a unos contadores y de ahí llenamos las garrafas grandes para fregar, lavar a mano o bañarnos. Sin embargo, en grandes cantidades no se puede utilizar para beber, porque pasados unos días el agua se acaba pudriendo».

Del mismo modo, estas familias no disponen de teléfono y por tanto de Internet, carecen de cobertura para móviles en sus hogares y los accesos a las casas son precarios y se anegan a la mínima inclemencia del tiempo. «Esto es vergonzoso -sentencia-. Yo pago todos mis impuestos, no tienen perdón de Dios y encima nos tratan como si fuéramos 'okupas'». Ella, como tantas otras personas que padecen una situación similar y que no pueden afrontar la compra de otra vivienda, piensa llegar hasta las últimas consecuencias para que se reconozcan sus derechos y se le trate como a una ciudadana de primera.