El PP quiere que la ley de muerte digna incluya la objeción de conciencia de los facultativos

El Partido Popular defiende que la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte, más conocida por ley de muerte digna y pionera en España, recoja en su texto el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos. Así lo expone en una de las 18 enmiendas que ha presentado a la norma y que ayer fueron aceptadas por la Mesa de la Comisión de Salud para su debate posterior. En total los grupos han registrado 43 enmiendas, cuatro el PSOE y 21 Izquierda Unida, formación que propone que el texto especifique sanciones por su incumplimiento de hasta un millón de euros, entre otras aportaciones.

La ley de muerte digna pretende regular el derecho del paciente durante la última etapa de su vida asegurando su autonomía y el respeto a su dignidad y voluntad (incluyendo la recogida en su testamento vital), de forma que se garantice el derecho de los enfermos terminales a recibir cuidados paliativos y a rechazar o interrumpir un tratamiento. Todo ello dentro del ordenamiento jurídico, es decir, excluyendo la eutanasia o el suicidio asistido. La ley, cuyo cumplimiento obligará tanto a los centros públicos como a los privados, también servirá para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y desarrolla las obligaciones de estos en el cumplimiento de la misma.

Es respecto a esta labor en la que incide una de las enmiendas del PP al proponer que se incluya la objeción de conciencia a los profesionales de forma que puedan delegar en otro para que se cumpla el deseo del paciente, según explicó ayer a este periódico la diputada del PP Ana Corredera, vocal de este partido en la Comisión de Salud. Con esta enmienda el PP recoge el sentir de varios colectivos, entre ellos el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Andalucía, que pidieron al comparecer en el Parlamento que se regulara la objeción de conciencia.

Dos años para adaptarse

La propuesta del PP va a ser una de las más polémicas en el debate de la ley, ya que no sólo Izquierda Unida se ha mostrado radicalmente en contra de esta posibilidad, sino que la misma consejera de Salud, María Jesús Montero, ha declarado en varias ocasiones que la objeción de los profesionales no cabe en una ley que regula buenas prácticas médicas.

El PP también propone que cuando la ley habla de proporcionar atención domiciliaria y habitaciones individuales a los pacientes terminales se delimite a las instituciones públicas, puesto que muchos centros privados no tienen recursos para ello. «Si un hospital público carece de medios suficientes puede derivar el paciente a otros, pero el privado a veces sólo tiene una clínica», explicó Corredera.

Otra enmienda del PP establece un tiempo máximo de dos años para que los centros se adapten a la norma, pero no más. Otra de sus propuestas hace referencia a la necesidad de que la ley incluya una memoria financiera y presupuestaria para que no se quede «en un bonito papel». Igualmente, el grupo popular refleja que la ley especifique la composición de los comités de ética para que en estos se integren representantes de todos los sectores. Entre las 21 enmiendas presentadas por IU destaca una pormenorizando las sanciones que, en opinión de esta formación, deben incluirse para que se garantice el cumplimiento de la norma. Sanciones que van desde los dos mil euros para una infracción leve hasta el millón de euros para una muy grave.

IU hace hincapié en sus enmiendas en ampliar la definición de enfermo terminal.