Menores desprotegidos

La denuncia hecha pública ayer por Amnistía Internacional sobre el trato vejatorio y la violencia que podrían estar sufriendo los menores internados en centros para el tratamiento de trastornos de conducta coincide sustancialmente con el informe que presentó el Defensor del Pueblo ya el pasado mes de febrero sobre el mismo problema. El hecho de que los centros estudiados en ambos documentos estén gestionados por entidades privadas que operan en la prestación de un servicio público, el cual se dispensa bajo tutela judicial, obliga a las instituciones competentes a investigar las denuncias y a adoptar medidas inmediatas. Tanto el relato de AI como el del Defensor del Pueblo permiten pensar que los arbitrarios castigos y los abusos cometidos contra esos menores no han sido esporádicos ni casuales, sino que obedecen a la existencia de procedimientos represivos establecidos al margen de toda licitud. Lo que obliga a una reglamentación más explícita, que impida los desmanes descritos y los sancione sin ambages. Pero junto a esto es imprescindible que el Gobierno y las autonomías establezcan el mapa de necesidades y disponibilidades, de manera que los menores que requieran un tratamiento de socialización o de otra índole puedan contar con las plazas más idóneas para su caso particular.