La Audiencia condena a los once islamistas que pretendían volar el Metro de Barcelona

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha condenado a penas de entre ocho años y medio y catorce años y medio a los once ciudadanos paquistaníes e indios acusados de querer volar el Metro de Barcelona. Les atribuye un delito de integración en organización terrorista y a uno de ellos, también el de tenencia de explosivos.

Los once procesados -Mahroof Ahmed Mirza, Mohammed Ayud Elahi Bibi, Ahmed Hafeez, Qadeer Malik, Sahib Iqbal, Mohammed Tarik, Roshan Jamal Khan, Mehmooh Khalid, Inram Cheema, Mohamed Shoaib y Aqeel Uhr Rehman Abassi- se enfrentaban a penas que van desde los 17 a los 26 años de prisión. El principal acusado, Ahmed Mirza, ha sido condenado a diez años y seis meses de cárcel en calidad de "dirigente" del grupo aunque la pena más alta ha recaído en Qadeer Malik, a quien el tribunal ha impuesto ocho años y medio de prisión por pertenencia y otros seis años por tenencia de explosivos. También ha sido condenado por tenencia Shaib Iqbal. De ambos la sentencia sostiene que "consiguieron un cierto número de bengalas de uso pirotécnico y empezaron a extraer la nitrocelulosa que contenían" y obtuvieron, además, minuteros que pudieran servir como temporizadores y balines de plomo para que actuaran como metralla. La sala, sin embargo, no condena a los acusados de conspiración para atentar, a pesar de la solicitud del fiscal en este sentido.

Similitudes con la 'operación Nova'

Los ahora condenados fueron detenidos en enero del año pasado. En su poder se encontró material que podía usarse para fabricar bombas. La misma sala que les ha condenado juzgó y también condenó a veinte de los detenidos en la denominada 'operación Nova', a los que impuso penas de entre 7 y 11 años de cárcel por pertenencia a banda armada, aunque les absolvió por falta de pruebas del principal cargo: planear un atentado contra el edificio de la Audiencia Nacional con un camión repleto de explosivos. Aquella investigación policial, la más importante contra las redes yihadistas tras la masacre del 11-M, quedó en cuestión cuando el Supremo absolvió a 14 de los 20 condenados.

Como en la 'operación Nova', la principal prueba de cargo contra los islamistas que querían volar el Metro de Barcelona es la declaración de un confidente policial. Según constaba en la instrucción, la célula terrorista tendría como objetivo "la inminente perpetración en Barcelona de un atentado contra la ciudadanía indefensa con la finalidad de sembrar el terror". En la basura del domicilio de uno de los imputados se encontraron mecanismos de relojería, pilas, cables, tarjetas telefónicas, detonadores y cilindros pirotécnicos con restos de pólvora. En un falso techo de ese mismo piso, además, los agentes se incautaron de nitrocelulosa y perclorato potásico, sustancias ambas que pueden ser usadas para fabricar explosivos. También se consideraba una prueba incriminatoria el hallazgo de varias grabaciones y libros de líderes radicales llamando a la guerra santa y escritos de preparación para la inmolación.