Juicio al alcalde de Almuñécar por malversación

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), se enfrenta a una suspensión de empleo o cargo público durante dos años y a una multa de 27.000 euros, acusado de un delito de malversación de caudales públicos por el que será juzgado a partir de hoy en la Audiencia Provincial. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, a Benavides se le imputa este delito por haber pagado presuntamente con dinero público del Ayuntamiento una fianza de 9.000 euros que se le exigió al presentar una querella, a título particular, contra el ex alcalde de esta localidad, Juan Luis González Montoro (PP).

Benavides interpuso una querella contra González Montoro en octubre de 2004 por un presunto delito de malversación de caudales públicos, a título particular, sin actuar como alcalde o representante del Ayuntamiento, según consta en la propia querella. Como querellante particular, ni ofendido ni perjudicado por el presunto delito que se denunciaba y para responder a las resultas del juicio, se le exigió una fianza de 9.000 euros.

La Fiscalía explica que Benavides, para verificar si era procedente o no prestar dicha fianza, solicitó informe a la asesoría jurídica privada contratada por el Consistorio, usando así los servicios de esta empresa para su actuación como particular. Además, según el relato del fiscal, la fianza de 9.000 euros fue satisfecha con fondos públicos del Ayuntamiento de Almuñécar , pese a que esta entidad no estaba personada en el procedimiento, de manera que Benavides destinó a uso particular este importe, del que disponía por la función de alcalde que ostentaba.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos por el que procede imponer una multa de 27.000 euros, con suspensión de empleo o cargo público durante dos años, así como el pago de las costas.

El origen de los hechos se remonta a la campaña electoral de 2003, cuando el entonces alcalde de Almuñécar, González Montoro, fue acusado por Benavides de haber usado fondos públicos para el reparto de una revista informativa sobre la gestión del equipo de gobierno y la inauguración de una plaza.

Un juzgado archivó en 2006 la querella en un auto en el que pidió sin embargo a la Fiscalía que investigara si el denunciante había incurrido en malversación.