Garzón deja libre al alto cargo que llevó la red 'Pretoria' a la Generalitat

Los cuatro últimos imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística en varias localidades barcelonesas quedaron ayer en libertad tras prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón. Uno de ellos, el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margerit, permitió desde su departamento que la red presuntamente urdida por el que fuera parlamentario socialista Luís García Sáez, 'Luigi', se aprovechara de jugosos 'pelotazos' urbanísticos, según se desprende de los informes policiales.

El juez interrogó durante poco más de una hora a Mas Margerit, uno de los máximos responsables de urbanismo del Gobierno catalán del socialista José Montilla. Garzón le dejó en libertad con cargos por un presunto delito de actividades prohibidas a funcionario público. En concreto, por mediar en tres operaciones desde la institución que precisamente debía controlar los posibles desmanes urbanísticos.

Mas mantenía una relación «fluida» con 'Luigi' y no dudo en aceptar trabajos por encargo de éste y de su mano derecha, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet y también encarcelado, Bartomeu Muñoz. El último 'pelotazo' fue aceptar como «asesor externo» un informe para que la empresa de urbanismo del consistorio colomense, Gramepark, construyera varios bloques de viviendas pese a que varios estudios lo desestimaban. La intervención judicial ha bloqueado el proyecto. Con anterioridad, la trama pudo saquear no menos de 13 millones de las arcas de este municipio en la denominada 'operación Pallaresa', la edificación de un centro comercial entre 2001 y 2005.

Antes que Mas pasaron por el despacho de Garzón los últimos tres imputados en la trama que supuestamente defraudó unos 45 millones de euros. Al igual que ocurrió el jueves, la Fiscalía Anticorrupción no pidió medidas cautelares para ninguno de ellos y el juez les dejó en libertad con cargos. Se trata del ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, del PP; un ex concejal socialista de la localidad, Antoni Jiménez; y el consejero delegado de la empresa Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz y Sabido, quien ayer presentó la dimisión de su cargo.

El letrado de los dos primeros, imputados por delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales, señaló que sus defendidos aclararon al juez que todas sus decisiones fueron «políticas».