Desahucio exprés para un millar de gaditanos que no paga el alquiler

Hace apenas un mes a Isabel la pusieron de patitas en la calle con sus dos hijos veinteañeros. La Policía la obligó a salir de su casa de alquiler en San Fernando, después de que los tres hubieran vivido en ella más de nueve meses gratis, sin abonar ninguna mensualidad. «Perdí mi trabajo a comienzos de año», se excusa, así que «no es que no quisiera pagar, sencillamente no podía», aclara por teléfono. El dueño de la casa -en este caso, un banco- inició el proceso de desahucio en los tribunales que establecieron como plazo seis meses más para que Isabel abandonara el piso. A mediados de octubre el plazo expiró y tuvo que intervenir la Policía.

Aumentan los casos

El caso de esta isleña es más común de lo que parece. De hecho, se repite más de un millar de veces al año en la provincia gaditana, donde el número de desahucios por impago que se resolvieron en los juzgados en 2008 superó los 1.030 asuntos. A ellos hay que sumar los que no se llevaron a cabo: unos 443 casos.

También es común que un desalojo se alargue durante tanto tiempo como en el caso de Isabel. Es más, el de la isleña es de los más cortos, ya que los procesos judiciales para echar a un moroso «se prolongan de media entre los seis meses y los 12 meses; a veces más», explica Manuel Fernández, que preside la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Cádiz. El presidente de los API recuerda que, debido a esta demora, muchos dueños de vivienda no la ponen en alquiler por miedo «a perder sus casas durante más de un año y verse metido en los tribunales», si tienen la mala suerte de toparse con un moroso.

A partir del próximo año, en cambio, ese tiempo podría reducirse a un mínimo de apenas un par de meses, cuando se ponga en marcha lo que ya ha sido bautizado como el «desahucio exprés»: un nuevo proceso de desalojo impulsado por el Gobierno central para estimular el arrendamiento y animar a los dueños de casas vacías a ponerlas en el mercado.

El nuevo tipo de desahucio ya estaba contemplada en el paquete de medidas de fomento del alquiler anunciado hace un año, aunque no ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados hasta ahora (el 30 de octubre), pocos días después de que la Policía desalojara a Isabel en San Fernando.

La nueva norma es, en realidad, una modificación parcial de varias leyes relacionadas con el alquiler: la de Arrendamiento Urbano y sobre todo la de Enjuiciamiento Civil (LEC), con la que se agiliza el proceso judicial del desahucio en los tribunales.

Tres son las novedades más destacadas en esta reforma de la LEC. En primer lugar, se permitirá al propietario iniciar el proceso judicial antes, en el primer mes que el inquilino deje de pagar. Ya que hasta ahora había que esperar de dos a cuatro meses. La segunda novedad destacada es que, cuando se ponga en marcha la reforma, las demandas se podrán resolver en juicios verbales, un tipo de vista más ágil y barata, que no precisa de abogados ni procuradores. En caso de que el inquilino no acuda al juicio, el juez dictará el desalojo. Y es que hasta ahora una de las estratagemas más usadas por los morosos era faltar a las vistas, para alargar el tiempo mientras se señala un nuevo juicio.

Aparte de esto, lo más llamativo es que con el nuevo desahucio, el desalojo policial se llevará a cabo en 15 días desde que se establezca la sentencia judicial. Este periodo, sin embargo, tiene un reverso: ya que sólo se aplicará si el inquilino incumple el desalojo voluntario, que puede llevarse a cabo hasta 12 meses como máximo.

Críticas a la nueva figura

«El enfoque de la ley es positivo, pero a la hora de aplicarla habrá problemas», vaticina el presidente de los API en Cádiz, que cree que «aunque «los nuevos plazos sean muy buenos, mientras los juzgados tengan pilas de papeles sobre la mesa, seguirán prolongándose los desahucios». Fernández, no obstante, recuerda que actualmente hay muchos productos para que el propietario evite sustos por impagos, como los seguros de vivienda que devuelve la deuda mientras los jueces echan a los deudores de la casa.