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Las tiendas de telefonía reciben cien clientes al día para identificar sus móviles

Pese a la moratoria de seis meses, el fin del plazo inicial provocó grandes colas en los establecimientos

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Marta Ramos no da abasto para atender a la clientela. Trabaja como dependienta en la tienda de Movistar del Centro Comercial Plaza de San Fernando y afronta una tarde de sábado a priori tranquila. Pero no es un fin de semana cualquiera, ni con promociones agresivas o campaña de Navidad, sino la jornada previa al fin del plazo para adaptarse a Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y las Redes Públicas de Comunicaciones, que obliga a las operadoras de telefonía móvil a tener un registro exhaustivo de las señas de sus clientes de tarjeta y a éstos de facilitar la información con el fin de no perder sus números para siempre.

Aunque la fecha límite impuesta por Interior era el día 9 de noviembre de 2009 –mañana– el Gobierno llegó ayer mismo a un acuerdo con las principales operadoras para dar una moratoria de seis meses con el fin de evitar la pérdida masiva de tarjetas –no así las líneas, se prevé que se le corte a 3 millones de personas que no han acatado el plazo– y facilitar el conocimiento de la medida a determinados segmentos como son la población joven y más mayor.

Sin embargo, el anuncio de la prórroga llegó tarde a oídos de cientos de gaditanos que, por temor a que se cumpla el castigo previsto, acudieron en masa a las tiendas de móviles de la provincia. Más de 300.000 clientes están, según una etimación facilitada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el deber de facilitar sus datos personales. El objetivo no es otro que la lucha contra el terrorismo.

Marta archivó una veintena de fichas en apenas dos horas, lo que da como resultado una media de más de 100 clientes al día. En la franquicia Orange de la calle Ancha ni siquiera tenían tiempo para atender al teléfono. Su dependienta hizo medio centenar de registros y en algunas tiendas las colas de usuarios llegaban a la calle. En el caso de esta compañía, sus trabajadores desconocían aún la decisión del Gobierno. «Todo se deja para última hora», dice resignada Marta.