La Junta prestará hasta 15.000 euros a quienes compren una vivienda nueva

La Junta de Andalucía anunció ayer la enésima iniciativa pública con la que esperan eliminar (o al menos mitigar) el enorme stock de viviendas que existe en el mercado inmobiliario: más de 9.000 pisos en la provincia, que los promotores son incapaces de vender. Hace un año, ya se sugirió a las inmobiliarias que las convirtieran en VPO, para reducir sus precios. Pero la iniciativa no cuajó y muy pocos promotores se sumaron a la idea.

Ahora, la administración apuesta por estimular la demanda. Y para ello prestará entre 9.000 y 15.000 euros a las personas que compren alguna de las casas en stock que se incluyan en el nuevo plan. Las viviendas costarán, además, un 20% más baratas que en el mercado libre, ya que las inmobiliarias que se adhieran deben comprometerse a venderlas por el valor de las hipotecas de promotora.

Casas vacías

Según estima Vivienda, en la provincia de Cádiz un total de 9.280 casas en stock. En base a ellas, se ha calculado cuánto dinero será necesario prestar a los compradores. Así pues, en el conjunto Andalucía donde existen unas 68.000 viviendas vacías, la administración andaluza prestará un total de 1.000 millones de euros.

En Cádiz, por tanto, la cantidad destinada podría alcanzar los 132 millones de euros. Y aunque el número de viviendas vacías, según el Ministerio de Vivienda, podría ser incluso el doble de lo estimado por la Junta, la administración andaluza ha aclarado que no pretende aumentar su presupuesto.

Las ayudas variarán según el perfil del comprador. Así los 15.000 euros estará destinado sólo a menores de 35 años, minusválidos o personas con rentas bajas. Los préstamos, con todo, no se recibirán de una sola vez, sino en plazos mensuales a lo largo ocho años, con el objetivo de reducir las cuotas de la hipoteca. La Consejería de Vivienda calcula que cada comprador podría rebajar así sus mensualidades entre un 40% y un 65%. Sin embargo, cabe aclarar, que el dinero no se regala a fondo perdido. Sólo se presta. Así, los beneficiarios tendrán que devolverlo cuando se cumplan nueve años de la adquisición.

A partir de 2019, los compradores volverían a pagar las cuotas al 100%. Y habría que añadir, además, la devolución del dinero prestado por la Junta, que se añaden a la hipoteca y se pagan a plazos durante los años que dure la hipoteca (a un interés variable del Euribor más un 1%). Quien recibe el préstamo, por tanto, no devuelve el dinero directamente a la administración pública, sino a los bancos, ya que éstos tendrán que retribuir los 1.000 millones en 2019.

Los clientes deberán, además, contratar una hipoteca especial cuyos detalles aún no han sido negociados con los bancos, de hecho, aún no hay ningún acuerdo. Con todo, fuentes de Economía aseguraban ayer que diversas entidades financieras se han mostrado por la labor de entrar en el plan.

Se espera cerrar estos acuerdos en «pocos días». No obstante, en el plan se ha previsto un escollo importante: los bancos aún mantienen un gran recelo a conceder créditos a los compradores de viviendas sin avales, y la Junta no pretende ejercer como tal.

Un convenio sin firmar

Los préstamos de 15.000 euros tampoco se concederán a cualquier comprador de vivienda: sólo a los que adquieran las casas inscritas en el plan. Por ahora, no hay ninguna vivienda registrada, ya que el plazo para que las inmobiliarias se suman se abrió hoy y se cerrará dentro de un mes. Las viviendas que se incluyan deben costar menos de 245.000 euros y estar construidas antes del 31 de diciembre de 2010.

La Junta también ha impuesto una condición a las inmobiliarias: deben vender las viviendas inscritas al precio de sus hipotecas. Es decir, por la cantidad que les concedieron los bancos para construir la promoción. En el caso de las casas embargadas, el precio sería equivalente a la deuda que los morosos dejaron sin pagar. Esto significa, en la práctica, vender las casas a precio de coste.

Este aspecto también debe ser aún consensuado entre la Junta y los promotores, que ayer evitaron pronunciarse «porque existen muchos puntos que plantean dudas». Así lo reconocía ayer el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de Cádiz, Emilio Corbacho, que ha pedido reunirse con la delegada provincial de Vivienda, Silvia López en los próximos días.