El Gobierno recurre a prejubilados para intermediar entre la banca y las pymes

El Gobierno quiere reclutar a un grupo de prejubilados del sector financiero para que actúen como mediadores entre la banca y las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos demandantes de crédito. Formarán, según la vicepresidenta económica, una red de «facilitadores financieros» integrada por «sesenta o setenta personas» a quienes podrán acudir los empresarios que vean rechazadas solicitudes de préstamos de hasta dos millones de euros. Su función principal será «mediar ante las entidades» para que reevalúen su decisión y atiendan las peticiones. A cambio, el Ejecutivo ofrece incrementar las garantías en caso de impago.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó ayer crear la figura del facilitador financiero, que comenzará a actuar antes de finales de año al servicio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a pymes y autónomos a lograr financiación.

Se trata, explicó Elena Salgado, de que cualquier expediente rechazado por un banco o caja tenga «una segunda oportunidad», consistente en la reevaluación por estos asesores y su reconducción mediante su encaje en alguna de las líneas de crédito abiertas por el ICO para facilitar liquidez a empresas. Si aún así el banco niega la financiación, la solicitud podrá redirigirse a otra entidad. Esos expertos trabajarán sólo con entidades que hayan suscrito convenios de colaboración con el ICO. En los casos en que el banco o caja que rechazó financiar la operación no tenga firmado un acuerdo, se sugerirá al empresario que elija otra entidad. La puesta en marcha de este instrumento correrá a cargo del ICO. Salgado aseguró que algunas entidades que tienen acuerdos con este organismo ya han expresado su disposición a trabajar con los asesores.

La iniciativa cuenta, además, con el apoyo de las Cámaras de Comercio, que se encargarán de buscar y de contratar a los facilitadores, cuya actividad pagará el Estado. Recurrir a esos conseguidores será gratuito para las pymes. El Gobierno calcula que, en principio, operarán hasta 2012 y analizarán unas 200.000 solicitudes de préstamos. Su trabajo, no obstante, no garantiza la concesión de los créditos.