La Junta niega que piense en la 'deuda histórica' como moneda de cambio con el Estado

El grado de dificultad para finiquitar la deuda histórica es directamente proporcional a la añeja y sinuosa trayectoria de esta reclamación que el pueblo andaluz presentó al Estado hace ya casi treinta años, vía Estatuto de Autonomía.

La incertidumbre se ha instalado en el discurso que mantienen sobre este asunto los responsables del Gobierno andaluz, tal vez influenciados por la falta de concreción del Ministerio de Economía, responsable último de la forma en la que se pagarán los 1.204 millones de euros de este débito, de los que tan sólo restan por percibir 782 millones.

Varios consejeros de la Junta han esbozado en las últimas semanas diversas posibilidades de cobro, incluido el pago en especie, es decir, mediante la cesión de terrenos de titularidad del Estado a la Junta para la construcción de centros médicos, educativos o viviendas sociales.

También se reseñó la posibilidad de que Andalucía empleara estos 782 millones de euros para enjugar el déficit negativo que mantiene con el Estado, que adelantó (al igual que al resto de comunidades) más dinero a la Junta a cuenta de los Presupuestos de 2009, que no resultaron ser tan benignos como se esperaba.

Fuentes de la Consejería de Economía desmintieron ayer a este periódico que se haya contemplado tal posibilidad, pese a que se le atribuyeron a la propia consejera Carmen Martínez Aguayo unas declaraciones en ese sentido.

En esta misma línea, el Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad instar a la Junta a que cumpla de forma íntegra con lo que establece el apartado primero de la Disposición Adicional Segunda del nuevo Estatuto, que fija los plazos y el destino de esta deuda histórica y que, según este texto, no debe ser otro que educación, sanidad y viviendas sociales. Lo que sí rechazó la Cámara autonómica, merced a la mayoría absoluta del PSOE, fue una proposición no de Ley del PP-A, por la que se hiciera efectivo con cargo a los Presupuestos de 2009 (actualmente en vigor) los 300 millones de euros que en concepto de anticipo constan en las presentes Cuentas Generales de Andalucía.

Fuentes del Gobierno andaluz justificaron a este periódico este rechazo argumentando que la Junta necesitará de todos los recursos disponibles para los Presupuestos de 2010 y 2011, que se confeccionaran con lo recaudado en 2009 y 2010.

Una postura que no comparte la oposición. El diputado autonómico y secretario general del PP, Antonio Sanz, sostiene que el Gobierno central quiere meter un gol a los andaluces por toda la escuadra y convertir la deuda histórica en un gran fracaso».

«Traición»

Sanz añadió durante el debate de ayer: «Primero se traicionó el Estatuto de Autonomía con los plazos, después con una cifra indigna y ridícula y ahora con una liquidación que sólo se puede calificar de trampa y fullería».

El portavoz del Grupo de IULV-CA, Diego Valderas, expuso unos argumentos similares y calificó el cobro a cambio de especies como insulto. «La Comunidad necesita cobrar en metálico y el PSOE no está defendiendo los intereses de los andaluces», agregó. Según sus cuentas, con los cerca de 800 millones que restan se podrían crear 25.000 puestos de trabajo, cien centros escolares, cuarenta centros médicos y 6.000 viviendas.

Mario Jiménez, del PSOE, le preguntó a Arenas por qué no le exigió a José María Aznar, cuando fue presidente del Gobierno, que pagara la 'deuda histórica'. «La Disposición Adicional Segunda del Estatuto la va a pagar un gobierno socialista», espetó.