El PP prepara una querella criminal por el archivo de expedientes urbanísticos

El PP saca pecho y, tras el revés por el archivo de las diligencias efectuado por la Fiscalía hace unas semanas, amenaza ahora con la presentación de una querella criminal contra varios responsables del Partido Socialista por su gestión en materia urbanística en los últimos años.

Así al menos lo anunció ayer la secretaria provincial y parlamentaria andaluza de los populares, Teresa Ruiz-Sillero, que fue incluso más allá, y pidió «la dimisión del alcalde de Chiclana, José María Román, por ser el único alcalde de España al que por escrito se le ha tachado de incompetente y negligente», apuntó.

Se refería Ruiz-Sillero a las explicaciones que da la fiscalía en el decreto dictado para archivar la causa por los 1.717 expedientes urbanísticos que, presuntamente, el PSOE habría dejado prescribir entre 2003 y 2007, y según las cuales la falta de medios y aplicación de legislación en la Gerencia de Urbanismo habría provocado un «efecto llamada» de la construcción sin licencia en la ciudad. «Nosotros no tenemos nada de que disculparnos; en todo caso quien debe pedir disculpas al pueblo de Chiclana es el PSOE, por haber causado el mayor desastre urbanístico de toda Andalucía», apuntan los populares.

Amplían la denuncia

Además, desde el Partido Popular se informó ayer de manera oficial que en los últimos días han presentado una ampliación de su denuncia por el archivo masivo de expedientes urbanísticos, ésta vez referida a presuntas irregularidades del periodo comprendido entre 1999 y 2003.

Según Teresa Ruiz-Sillero, «en esos cuatro años sólo constan 306 actas por infracción urbanística, una cifra que no nos creemos y que nos lleva a pensar que los inspectores y funcionarios de la Gerencia hacían su trabajo y levantaban las actas, pero luego no se iniciaban no sabemos por qué motivo los correspondientes expedientes sancionadores», explicó.

Este espinoso asunto de las responsabilidades penales, administrativas y políticas de los tres últimos Gobiernos del PSOE seguirá coleando aún varios meses. «Es un tema delicado porque podría suponer un precedente jurídico en Andalucía», apuntó por último ayer la cúpula provincial del PP sobre el asunto.