El fiscal retira la acusación por homicidio imprudente contra el jefe de cirugía del Puerta del Mar

El jefe del servicio de Cirugía del Hospital Puerta del Mar ya no se juega una condena por homicidio imprudente, ya que el fiscal, casi al final del juicio que concluyó ayer en la Audiencia Provincial, retiró la acusación que venía formulando por este delito. Si bien mantiene su petición de cuatro años de cárcel por falsificación de documento.

La decisión del Ministerio Público se basó en la falta de pruebas para determinar cuál fue la causa del fallecimiento del paciente; un hombre de 54 años que ingresó en el Puerta del Mar en mayo de 2000 para ser intervenido de un nódulo pulmonar.

Hasta ayer, el fiscal argumentó que la víctima había muerto por un tromboembolismo pulmonar masivo que le devino al día siguiente de la operación. La única acusación personada en el procedimiento -los familiares del fallecido no están representados por letrado- había esgrimido hasta ahora que esta dolencia apareció porque el doctor José Manuel Vázquez no incluyó en las órdenes para el tratamiento un anticoagulante que sí fue indicado por el Servicio de Anestesiología.

Sin embargo, seis profesionales de la medicina, cuya declaración fue solicitada por la defensa, coincidieron ayer que no existe certeza absoluta sobre la causa que motivó el fallecimiento y que tampoco estaba claro cómo se había producido una muerte que definieron como «súbita». La perito forense que había sido propuesta por el fiscal tampoco determinó con plena seguridad qué dolencia provocó el fallecimiento, aunque en su informe recogía el posible tromboembolismo pulmonar, haciendo caso al certificado de defunción donde se indicaba esa posible causa. Lo que sí le llamó la atención a esta forense es que al tratarse de una «muerte hospitalaria inesperada» no se le hubiera practicado la autopsia al fallecido.

Los médicos también aportaron datos de estadísticas sobre mortandad por tromboembolismo en las 30 horas siguientes a una operación e indicaron que las probabilidades de muerte eran muy bajas. El fiscal se preguntó entonces por qué si era tan poco probable se fijó esa enfermedad como posible causa en el certificado de defunción.

El fiscal pide ahora cuatro años de cárcel para el facultativo -antes solicitada seis- por haber incluido supuestamente unos fármacos en las órdenes de tratamiento cuando supo que iba a ser denunciado.