La envidiada Escocia

Mucho ha llovido desde que el 1 de julio de 1999 la reina Isabel II inaugurara el Parlamento de Escocia. Su andadura no empezó con buen pie: los diputados tuvieron que trabajar en un edificio temporal hasta que el oficial, diseñado por el arquitecto catalán Enric Miralles, estuviese listo en 2004, y no exento de polémica porque costó 400 millones de libras (unos 465 millones de euros), diez veces más de lo previsto. Otro duro golpe fue la muerte del primer ministro escocés, el laborista Donald Dewar, conocido como 'el padre' de la autonomía, poco más de un año después de haber asumido el cargo. Ahora, superados los obstáculos, diez años después del traspaso de poderes de Londres a Edimburgo, políticos y expertos han evaluado esta semana el estado de una autonomía que genera envidia en muchos ciudadanos del resto de Reino Unido.

La Comisión Calman, constituida con el fin de analizar el funcionamiento del Parlamento escocés, lo ha calificado como un «éxito», aunque reconoce que hay mucho camino que recorrer para perfeccionarlo. El organismo acaba de publicar un informe de 269 páginas en el que se esgrime que el Parlamento de Holyrood debe ser menos dependiente del de Westminster, en cuanto a financiación.

Considera que debe hacerse cargo de la mitad de los impuestos sobre la renta recaudados en Escocia. «El problema es que se encarga de gastar, pero no tiene apenas poderes para recaudar», explica el profesor de la Universidad de Oxford, Iain McLean, uno de los expertos consultados por dicha comisión.

Entre la veintena de recomendaciones que formula este organismo se encuentra que Edimburgo se haga cargo de otros impuestos, pero también aconseja que controle los límites de velocidad y los de alcoholemia en las carreteras de la región, o la legislación referente a las armas de aire comprimido. Curiosamente, recomienda que se devuelvan a Westminster algunos poderes muy concretos, como el etiquetado de los estándares alimenticios.

En la actualidad, el Parlamento escocés, formado por 129 diputados elegidos directamente por sus ciudadanos, tiene capacidad para aprobar legislación en muchas áreas de la política doméstica, desde justicia a educación, sanidad, agricultura, medio ambiente o desarrollo económico, pero algunas materias como Defensa, Asuntos Exteriores o Seguridad Social, entre otras, siguen en manos de Westminster. De hecho, Escocia sigue representada por 59 diputados en el Parlamento de Londres.

Resentimiento

El gasto público por habitante en la región es más elevado que en otras partes del país, pero los impuestos no lo son. «Eso ha sido así desde hace treinta años y ha generado resentimiento entre los ingleses», desvela McLean, porque consideran que están financiando a sus vecinos del norte. En 1978 se estableció una fórmula para otorgar dinero a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, basado en la población (en la primera, por ejemplo, sólo viven unos 5 millones de personas frente a los 50 millones de Inglaterra), pero además los políticos de Londres -sobre todo los escoceses Tony Blair y Gordon Brown- han cuidado especialmente bien la región concediendo fondos extras para contener el avance de los nacionalistas.

Algunos aspectos de la vida diaria, como el sistema judicial o el educativo, se han diferenciado del resto del país. Las recetas son más baratas y a partir de 2011 serán gratuitas, el cuidado a las personas de la tercera edad está completamente subvencionado y sus estudiantes universitarios pagan menos que en los centros de Inglaterra.

Según una encuesta publicada esta semana, sólo un 38% de los escoceses afirma que votaría por la separación de Reino Unido. Pero, a pesar de que la idea de la independencia ha perdido fuelle entre los ciudadanos, su primer ministro, Alex Salmond, cuya formación, el Partido Nacionalista Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) gobierna en minoría, sigue siendo muy popular y, dos años después de haber arrebatado el Gobierno al Partido Laborista de la región, sigue adelante con la idea de convocar un referéndum.