La nueva factura

L a noticia de que junio ha sido el cuarto mes consecutivo con el IPC en valores negativos contrastó ayer con la subida del 2% de la energía eléctrica, anunciada por el Ministerio de Industria para 20 millones de usuarios domésticos. Las previsiones del Gobierno siguen descartando que vaya a consumarse la amenaza de la deflación dado que se espera un repunte de las tensiones inflacionistas en otoño, lo que a su vez escondería la confianza en que unos precios negativos durante más de un semestre y un posterior incremento leve de los mismos podría conceder a la economía española una ventaja competitiva con respecto a otros países de su entorno. Pero aun en el caso de que así ocurriera, sería preocupante que la economía española comenzara a tomar oxígeno no mediante nuevos y mejores productos y servicios, sino a través del bajo coste de los que se han venido ofreciendo hasta la fecha. En este contexto, la subida anunciada de la luz no incidirá sustancialmente en la evolución del IPC, y tampoco ejercerá una gran repercusión sobre los hogares sometidos a una situación de crisis. Pero el proceso de liberalización del mercado eléctrico español que arrancará mañana, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea, sí deberá garantizar por parte del Gobierno el mejor acceso para los consumidores a las ventajas que pueda comportar y una máxima claridad de las ofertas y condiciones que salgan al mercado a partir de este 1 de julio. La tardanza del Ejecutivo al fijar la llamada de Tarifa de Último Recurso -o precio máximo- en la nueva factura de la luz y los interrogantes que han despertado aspectos como las condiciones del bono social para los colectivos más desfavorecidos habían llevado a las compañías eléctricas a limitarse a informar a sus usuarios de la lista de comercializadoras con las que podrán contratar libremente el suministro desde mañana.

Cabe confiar en que la clarificación de la tarifa y la entrada en vigor del sistema liberalizador favorezca un mercado de ofertas que propicie realmente la competencia y beneficie a los consumidores. El Gobierno está obligado a asegurar una información a los ciudadanos lo más nítida y transparente posible. Sólo así estimulará una mayor comprensión de una factura cuya compleja composición hace difícil no ya evaluar las fluctuaciones en sus costes, sino concienciar a la sociedad sobre lo que supone el recibo energético y la necesidad de avanzar en las políticas de ahorro.