Romaní califica de «barbaridad» proteger la sede de Vilafranquina

El teniente de alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, considera que «es una barbaridad» que la Junta haya elegido ocho edificios de la capital gaditana para incorporarlos al Catálogo de Bienes del Patrimonio Andaluz, «cuando se trata de inmuebles que, por el tiempo y por el tipo de arquitectura, no conllevan implícito ningún valor, como es el caso de Ibérica Aga, la harinera Vilafranquina o la Estación Marítima».

Según el concejal del equipo de Gobierno, esta última decisión de la Dirección General de Bienes Culturales sólo busca «arropar la protección de la Aduana», que también está incluida en esa relación de ocho edificios.

La introducción en este listado de bienes conlleva la protección de los mismos de cara al futuro. «Con esta nueva estratagema de la Consejería de Cultura, lo único que hacen es frenar el desarrollo de la ciudad, especialmente al ser edificios que se encuentran ubicados en los centros neurálgicos de la economía local y provincial, como la Zona Franca y el puerto», señaló.

Para Romaní, esta elección de la Junta de Andalucía «es una envolvente que va a perjudicar a empresas como Harinera Vilafranquina o Ibérica Aga, en el momento en el que se planteen una expansión o modernización de sus instalaciones, teniendo en cuenta la intención del Ayuntamiento gaditano de remodelar el recinto exterior de la Zona Franca, con la sana y clara intención de revalorizar el poco terreno que tiene la ciudad, convirtiéndolo en un espacio moderno y generador de empleo».

Desde el equipo de Gobierno se teme, una vez más, que esta pretensión de la Junta de Andalucía, «sea una excusa, con el único interés de preservar la Aduana, impedir su derribo y poner a su altura edificios con tan poco valor patrimonial y arquitectónico como los seleccionados para el Catálogo».

El concejal de Urbanismo adelanta que «desde este equipo de Gobierno presentaremos alegaciones a este nuevo sinsentido de los socialistas, porque no es justo que se paralicen actuaciones de la ciudad por el simple hecho de mantener en pie el edificio de la Aduana, que no lleva implícito ningún tipo de catalogación que avalase su protección».

Desde la Consejería de Cultura, a juicio de Ignacio Romaní, deberían de «dar unas explicaciones que siempre obvian u omiten», razonando en qué se basa la protección de unos edificios que en cualquier otro punto de la geografía andaluza no conllevarían ni la más mínima protección.