Piénsatelo tres días antes de abortar

Un sobre cerrado y tres días para la reflexión ayudarán a las mujeres a tomar la decisión de abortar o llevar adelante la gestación. La documentación incluirá folletos con información de todo tipo, desde los derechos y ayudas disponibles para la familia hasta los centros donde podrá practicarse la interrupción del embarazo. El material contendrá, asimismo, una relación de argumentos a favor y en contra del aborto. La idea, incluida en el anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, es que ninguna mujer tome una determinación de tal calado sin ser plenamente consciente de lo que hace, según dijo ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aido. La futura ley del Aborto, aseguró, «garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada dentro de las primeras catorce semanas».

El contenido de la nueva normativa fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y levantó la polvareda previsible. Alzaron su voz a favor y en contra organizaciones sociales, colectivos médicos, partidos políticos... La ministra defendió el documento, prácticamente calcado al informe que hace varios meses presentó el comité asesor de expertos. Es el texto «más equilibrado posible» y está «en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno», afirmó Aido.

El aspecto más polémico de la ley gira en torno a la posibilidad de que las jóvenes puedan abortar sin permiso paterno hasta los 16 años. El Gobierno piensa que si una chica puede tener relaciones sexuales, casarse y tener hijos a esa edad, por qué no va a decidir poner fin a un embarazo no deseado. Pero no ese el único asunto controvertido. El aborto será libre hasta la semana 14 de gestación y no será necesario hasta esa fecha tener que buscar ninguna de las argumentaciones legales que lo despenalizan: una violación hasta la semana 12, malformaciones del feto hasta la 22 y, en cualquier caso, el riesgo físico y psíquico para la madre.

En adelante, el plazo para poner fin a la gestación se ampliará a la semana 22 en caso de riesgo para la madre o malformaciones severas del feto. Si éstas son incompatibles con la vida, habrá tiempo hasta el final del embarazo para decidir qué hacer. Los casos no contemplados por la legislación dejarán de penarse con cárcel -para la gestante, no para quien participe en un aborto ilegal- y la Sanidad pública respetará el derecho de los médicos a negarse a practicarlo, pero pondrá los medios para garantizar la asistencia.

Una «obsesión»

Como era de esperar, los sectores más progresistas se alinearon con las ideas presentadas por el Ejecutivo y los más conservadores las rechazaron. Aído dijo que se ha intentado lograr «el mayor consenso posible. Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales». El resultado es el conocido ayer. «Damos rango de ley a la educación sexual, a la prevención de los embarazos no deseados».

La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, protestó porque el Gobierno «traslade a la sociedad y en especial a las más jóvenes que el aborto es un método anticonceptivo más». Los populares no están de acuerdo con permitir a las mujeres de 16 y 17 años abortar libremente. «Nunca comprenderé la obsesión del Gobierno de que las adolescentes aborten sin el consentimiento y, lo que es peor, sin el conocimiento de los padres». Le contestó la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Carmen Montón, al afirmar que la ley dará respuesta «a una demanda social».

A IU le parece insuficiente y anunció su intención de solicitar en el Congreso una ampliación de los supuestos contemplados. El PNV todavía no ha decidido la posición que tomará como grupo.

«Decidir libremente»

La Federación de Mujeres Progresistas se mostró satisfecha. «Por primera vez, una ley reconoce de forma explícita el derecho de la mujer a la maternidad libremente decidida», dijo su presidenta, Yolanda Besteiro. Otras asociaciones, como la de mujeres juristas Themis y la Fundación Mujeres, se mostraron «preocupadas» por cómo se gestionará la información que se entregue en sobre cerrado, si desde el Gobierno central o las autonomías. Dicen que lo ideal sería que «esté centralizado para evitar desigualdades» entre territorios.

Algunos grupos fueron más allá de lo que propugna la ley. El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se quejó de la indefinición del documento, que da «un paso adelante en seguridad y otro atrás en accesibilidad». Creen que perjudicará a las «9.000 mujeres que quedarán fuera del aborto hasta las 14 semanas y los casos con complicaciones entre la 14 y la 22».

La opinión pública está dividida. Los grupos pro vida calificaron la reforma de irresponsable y desequilibrada. Argumentaron que se ha justificado «a base de mentiras y tergiversaciones» y es la muestra de una inmensa responsabilidad política», según el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco. El de la plataforma Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, lo consideró «machista» por dejar a las mujeres «más solas durante el embarazo».