El PP endurece la presión para que Garzón abandone cuanto antes el 'caso Gürtel'

El próximo lunes. Ese es el plazo que el Partido Popular dio ayer al juez Baltasar Garzón para desprenderse de la investigación de la trama de corrupción que, un día sí y otro también, salpica a distintos cargos públicos del partido. Es un brindis al sol, pero también una prueba de que la formación que lidera Mariano Rajoy ha decidido endurecer al máximo su presión sobre el juez de la Audiencia Nacional para se desprenda cuanto antes del caso Gürtel. Federico Trillo, secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP, elevó la estrategia del apremio al máximo nivel: si el lunes Garzón no se inhibe y deja la investigación en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, el partido presentará contra él una querella por prevaricación.

En un encuentro informativo en el Congreso, Trillo hizo una peculiar relectura de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado miércoles informó a favor de la inhibición que ya puso en marcha el propio magistrado el 12 de febrero al detectar indicios que afectan a aforados de ambas comunidades. El dirigente del PP interpretó que eso quiere decir que Garzón investiga «sin competencia» y que tiene que dejar ya las pesquisas en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con independencia de qué parte de la investigación deba derivarse al órgano homólogo de la Comunidad Valenciana.

El ex ministro se apoyó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que el trámite de inhibición requiere la elaboración de una exposición motivada al tribunal al que se remite el sumario. En su opinión, es «razonable» que Garzón dedique unos días a redactar ese escrito y, mientras tanto, asegure las pruebas y los testimonios, pero añadió que el plazo sensato para ello vence el lunes.

«A partir del domingo, Garzón debe soltar la causa», reclamó Trillo, que insistió que en caso contrario el partido presentará una querella contra el juez por prevaricación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano al que también denunciará la indefensión a la que el juez somete al PP por la violación del secreto sumarial desde su juzgado y porque devolvió los escritos de personación y recusación «sin leerlos». En Toledo, la secretaria general del PP insistió en el mismo mensaje: «Hay un escrito del fiscal pidiendo al juez Garzón que se inhiba porque parece que hay personas aforadas que tienen relación con la causa y parece que una de esas personas es el señor (Francisco) Camps, y si un juez está conociendo de un asunto del que no puede conocer por razón de su competencia está prevaricando».

Trámite en marcha

El trámite de inhibición está en marcha, pero no a la velocidad que desearía el PP. El juez Baltasar Garzón pidió ayer al servicio de reprografía de la Audiencia Nacional que, cuanto antes, haga tres copias de las diligencias previas 275/2008, que recogen todas las pesquisas realizadas en el caso Gürtel, para poder remitirlas a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana en cuanto decida dejar el caso.

El destino de la tercera copia se desconoce, pero ya ha provocado una importante expectación y no pocas especulaciones.

El proceso está, en estos momentos, en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción, que debe responder sendos oficios que los pasados 18 y 19 de febrero remitió el juez sobre los aforados en la causa. Según fuentes judiciales, el magistrado reclamó precisiones sobre los indicios que señalan a los aforados y los cargos que podrían formularse contra ellos.

Según las mismas fuentes, los aforados madrileños serían el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y los también parlamentarios Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. En Valencia, uno de los aforados es el presidente de la comunidad, Francisco Camps, pero se desconoce la identidad del segundo.

Mientras que la investigación judicial avanza, las salpicaduras sobre el PP no cesan. Ayer se supo que el jueves por la noche el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, destituyó de su cargo a José Javier Nombela, hasta ese momento asesor del concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín.

El destituido está imputado en el caso Gürtel porque hasta 2006 estuvo a sueldo de Special Events y Easy Concept, dos de las empresas incluidas en el entramado corrupto que dirigió el empresario Francisco Correa.

Un portavoz municipal informó de que la destitución se produjo por «pérdida de confianza». Según otras fuentes, el cese fue una decisión del propio alcalde madrileño tras ser informado de que Nombela pretendía mantenerse en el cargo hasta ser interrogado por el juez, algo que ocurrirá el próximo lunes, estrategia que contaba con el apoyo del propio concejal de Moncloa-Aravaca.

Fuentes municipales explicaron que Ruiz-Gallardón prefirió cortar de plano toda relación del ayuntamiento con el imputado para evitar posibles salpicaduras futuras, y no negaron que en tan tajante decisión ha influido el hecho de que, dentro del PP madrileño, el concejal Ballarín esté encuadrado en el sector afín a Esperanza Aguirre, su gran rival.

De momento, la onda expansiva del escándalo de la corrupción parece haber dejado a un lado a Ruiz-Gallardón, pero el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado en los últimos años contratos a Special Events por casi 400.000 euros, por lo que el alcalde está decidido a no dar una sola muestra de connivencia o lenidad.

Ese es el motivo por el que el propio ayuntamiento denunció en el juzgado la manipulación de un expediente de la Empresa Municipal de la Vivienda para favorecer a la empresa de Correa y por el que fue expedientado el gerente de la entidad cuando se produjo la falsificación.