El Supremo deja por primera vez a la cámara vasca sin izquierda 'abertzale'

El Tribunal Supremo no sorprendió ayer a nadie, anuló las candidaturas de Democracia Tres Millones y Askatasuna para las elecciones al Parlamento vasco y dejará por primera vez a la izquierda abertzale sin presencia en la cámara de Vitoria. La Sala del 61 atendió los alegatos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía e impugnó las listas porque detrás de ellas está ETA. Con su decisión, los fieles a Batasuna se quedarán políticamente huérfanos.

La mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los letrados de la Administración fueron suficientes para los magistrados del Supremo, que tras cuatro días de deliberaciones acordaron la anulación de las dos candidaturas de la izquierda abertzale para las elecciones del 1 de marzo. En el caso de D3M, la Sala del 61 no tuvo la menor duda puesto que casi la totalidad de sus 84 nombres están vinculados de una u otra forma a Batasuna y hasta los promotores de la lista habían descontado que no pasaría el filtro judicial. Más ardua y encendida fue la discusión en torno a Askatasuna, el partido creado en 1998 por Herri Batasuna ante el temor de una ilegalización. El debate sobre esta formación se prolongó hasta el filo de la medianoche, momento en que vencía el plazo para el pronunciamiento del tribunal.

Al final, sin embargo, se impuso el criterio de que las candidaturas de este partido no eran más que el reverso de una moneda compartida con D3M y lanzada por la banda terrorista ETA. La Sala del 61 rechazó algunas de las pruebas aportadas por la acusación pública sobre Askatasuna pero consideró acreditado que los estatutos de este partido son copia de los de Euskal Herritarrok y Batasuna. Concedió también credibilidad a las conversaciones grabadas en la cárcel a presos de ETA sobre la estrategia de la lista sucia y la blanca. La sentencia de Askatasuna la escribirá el magistrado Carlos Granados, de la Sala de lo Penal, y la de D3M el juez Pedro José Yagüe Gil, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La decisión judicial tendrá unas consecuencias políticas indudables en las elecciones autonómicas de Euskadi. Suponen una derrota en toda regla de la izquierda abertzale y de ETA, como ha quedado reflejado en documentos incautados por las fuerzas de seguridad, con el agravante de que el destino de los nueve diputados que obtuvo en 2005 el PCTV determinará, con toda seguridad, quién será el próximo lehendakari.

Beneficiario

El teórico beneficiario de la decisión judicial debería ser el nacionalismo, pero está por ver. Si ETA predica la abstención, pocos serán los votantes afines que desoigan la llamada pues la disciplina de los cofrades de Batasuna es de sobra conocida. Ahí están los 150.644 votos recogidos por el ignoto PCTV en 2005. Los pocos que vayan a las urnas por el prurito del voto útil deberían decantarse por alguna lista nacionalista, pero en este escenario es improbable que el beneficiario vaya a ser el PNV, denigrado como el partido del negocio vasco en los documentos de ETA y Batasuna. Aún así, la polarización de la campaña y la estrategia alarmista puesta en marcha por los peneuvistas al grito de «vienen los españoles» puede surtir su efecto en determinados sectores de la izquierda abertzale.

Tampoco parece que Aralar, una escisión de Batasuna, vaya a ser el destino de esos votos rebeldes porque conocido es el refrán de que no hay peor cuña que la de la misma madera. Eusko Alkartasuna, más bien, se perfila, con su deriva cada vez más soberanista, como la fuerza mayoritariamente receptora del electorado batasuno.

Si se da por cierta la premisa de que la ausencia de listas de la izquierda abertzale juega a favor del nacionalismo, no es menos cierto que también juega en contra para la investidura. Juan José Ibarretxe logró ser investido en dos ocasiones, en 1998 y 2005, con votos prestados de Euskal Herritarrok y PCTV, y si en esta ocasión gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta -como se da por descontado- no podrá contar con ese respaldo vital.