Jerez Recuerda exige que se aplique la Ley de Memoria Histórica

A finales de diciembre de 2008 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley 52/2007, la conocida como Ley de Memoria Histórica, y en este primer aniversario una de las asociaciones que velan por su aplicación en Jerez no se ha demorado a la hora de denunciar que la incidencia de esta norma «no es satisfactoria» en todo el país, mientras que en el caso de la comarca jerezana es prácticamente «nula».

La Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica Jerez Recuerda ha empezado este nuevo año con una evaluación «negativa» de la puesta en marcha en la ciudad de esta ley que reconocía y ampliaba los derechos de los que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y la Dictadura. Y eso a pesar de que hace ya varios meses que se creó la Comisión de Seguimiento y Valoración de la Simbología y Nomenclátor relativo a la Guerra Civil y a la Dictadura del Régimen de Franco, que es la que debe determinar qué calles y plazas deben cambiar de nombre o qué símbolos deben ser retirados de determinados edificios y lugares públicos jerezanos.

Desde esta asociación, presidida por María José Piñero, lamentan que el grupo de trabajo que se creó a instancias del Ayuntamiento de Jerez -y del que forman parte un representante de cada partido, así como de los colectivos que velan por el cumplimiento de la norma- «haya hecho muy poco» por evitar que en la ciudad pervivan símbolos como la estatua de Primo de Rivera en la plaza del Arenal o la de Álvaro Domecq en la avenida del mismo nombre, o nombres de calle como los de Tomás García Figueras o la barriada Eduardo Delage, por poner sólo algunos ejemplos.

Pero desde Jerez Recuerda también van más allá y recriminan el propio funcionamiento de la Comisión al denunciar que «todavía se está poniendo en duda, por parte de algunos de sus miembros las propuestas de nuestra asociación», al tiempo que arguyen que éstas simplemente consisten en la aplicación natural del artículo 15 de la Ley que obliga a las Administraciones públicas a que «en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

Con esta denuncia, esta asociación deja traslucir lo que se ha convertido en un problema para el mismo funcionamiento de este grupo: la falta de un entendimiento total entre los componentes de la mesa de trabajo, de la que también forman parte la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana, la Asociación Provincial Memoria Histórica y Justicia y el Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

Según los responsables de Jerez Recuerda, «en Jerez en particular, y en España en general, se está dando muy poca importancia a la preservación de los derechos humanos al quererse justificar no sólo la permanencia de la simbología y nomenclátor golpistas de los lugares públicos, sino también la sombría memoria de unos individuos que, aparte de haber ejercido cargos importantes en el entramado del régimen de Francisco Franco, también se dedicaron a alentar, aplaudir e, incluso, a participar en muchos casos en la represión llevada a cabo desde los inicios del golpe de estado de julio de 1936».

Jerez Recuerda llega incluso a calificar de «ambigua» la actitud de algunos integrantes de la Comisión. Y basan sus críticas en el hecho de que en ocasiones se hayan puesto sobre la mesa cuestiones o argumentos de índole cultural, o relacionados con la faceta personal de los «colaboradores del régimen dictatorial», para justificar la permanencia de sus nombres en los lugares públicos.

En este punto, esta asociación fue tajante al insistir en que se negará a aceptar el cambio parcial de las calles cuyos rótulos tengan el nombre de algunos de estos representantes públicos o políticos del franquismo, aunque les precedan recordatorios a sus facetas como «poetas, historiadores o rejoneadores».

Por eso, Jerez Recuerda exige al Ayuntamiento que ponga en marcha un plan de aplicación de la Ley lo antes posible, aunque recalca que si lo hace «tenga en cuenta la información facilitada por nuestra asociación y no por la de aquellos que intentan convertir una comisión de memoria histórica en un ateneo cultural no comprometido con el espíritu que emana de la norma».

Así, en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento, que está prevista para el día 14 de enero, informarán de que se mantienen firmes en su idea de «la eliminación total y no parcial de los nombres mencionados en un listado que es una primera propuesta ampliable y no definitiva».

Tampoco quieren que se olvide su petición de «revocar todos los títulos honoríficos de alcaldes y personajes del régimen franquista», así como la retirada de los cuadros de alcaldes de la etapa franquista existentes en el Ayuntamiento de Jerez y «la devolución de los mismos a sus familiares o el depósito de ellos en algún museo para su exhibición pública y didáctica, junto al resto de parafernalias y monumentos existentes en la ciudad de Jerez que exaltan la dictadura».

ppacheco@lavozdigital.es