Todavía se puede parar el tranvía

La Asociación Casco Histórico (Acahi) volverá a iniciar acciones legales en contra del proyecto del tranvía. Así lo ha confirmado la presidenta de la entidad, Carmen Ortiz, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Confederación Española de Cascos Históricos (Cocahi), Santiago Martín. El colectivo considera que las obras «aún pueden paralizarse», sobre todo por una serie de irregularidades «que creemos que se han cometido por una mala planificación».

En esta ocasión, Acahi pretende sustentar el litigio en la falta de informes técnicos previos, y necesarios, para llevar a cabo una actuación de tal magnitud, entre los que destacan los estudios demográficos, económicos y de impacto ambiental, así como el peligro que este tipo de transporte público representa en determinados tramos ya que «trascurrirá en las inmediaciones de cinco colegios».

Casco Histórico lleva desde julio pidiendo tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía tales informes y la falta de respuesta por parte de ambas administraciones hace sospechar a Santiago que «algo chirría, porque son documentos públicos que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar y si no hay contestación quizás sea porque no existen y entonces entramos en unas ilegalidades flagrantes».

Sobre las irregularidades del proyecto, Carmen Ortiz ataca con un dato técnico: «Están entrando camiones de 27 toneladas cuando lo permitido en los centros históricos es de tres toneladas y media». Han denunciado el mal planteamiento que se ha realizado en cuanto a los aparcamientos y el transporte público, porque «si todavía no hay nada cerrado, da la sensación de que con el proyecto lo que menos se pretende es potenciar el centro comercial abierto», asegura Santiago. Otra de las cuestiones con las que se muestran contrarios es con las catenarias en algunas zonas de la calle Real que son muy estrechas, lo que significa que los postes «estarán pegados a las casas».

La asociación ya abrió un proceso judicial en contra del tranvía que finalizó con la desestimación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz ante la demanda contra el Ayuntamiento por no admitir la petición de consulta avalada por 9.000 firmas.