El Ayuntamiento insiste en que actuó bien en el caso Provigades

Después de casi una semana en suspenso, se reanudó ayer el juicio al dueño de la inmobiliaria Provigades, Jose Antonio G. A., por un supuesto delito de estafa a sus clientes, al no informarles de que las 21 casas que compraron en San Fernando corrían el riesgo de ser derribadas, por estar dentro del perímetro de seguridad militar. Sin embargo, ayer, por un momento, quien parecía estar acusado en el banquillo era el Ayuntamiento isleño, representado por su actual secretaria, Dolores Larrán, que acudió como perito, pero casi tuvo que defenderse de las preguntas de la defensa, la fiscalía y la acusación, acerca de por qué se concedieron las licencias de obra de las casas, a pesar de que el Ministerio de Defensa no autorizaba la construcción de ellas. «¿Cree que el Ayuntamiento obró correctamente?», llegó a preguntar la acusación. «Urbanísticamente, sí», respondió Larrán, explicando que: las licencias se concedieron porque el suelo es «un terreno urbano y edificable [según el PGOU vigente]», aunque otras administraciones, en este caso, el Ministerio de Defensa, puedan desautorizarlo. Larrán también explicó que el perímetro de seguridad no estaba en 2001 «grafiado» en el PGOU y por lo tanto, la licitación no tenían por qué advertir la autorización militar.