La Justicia sueca admite la petición de un juzgado de Sevilla de embargar a Boliden

Contaminar no sale gratis. Esta es la valoración que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizó ayer sobre la decisión de la justicia sueca de admitir la petición para embargar a la compañía minera Boliden 141 millones de euros por el vertido de Aznalcóllar (Sevilla). La consejera responsable, Cinta Castillo, aseguró que la administración regional hará frente a las cauciones que le exigen los tribunales de Suecia para continuar el proceso, y consideró que la decisión judicial «sienta jurisprudencia» y supone «un avance y un paso más» en la idea de cobrar por los daños causados por este desastre medioambiental.

El Tribunal de Apelación de Suecia ha declarado como válida la medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para confiscar a Boliden cerca de 141 millones de euros en concepto de garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la catástrofe desencadenada en la cuenca del río Guadiamar y el entorno del Parque Nacional de Doñana.

El 25 de abril de 1998 se rompía una balsa de lodos tóxicos perteneciente a la mina que por entonces explotaba Boliden Apirsa S.L., filial española de la empresa, y provocaba uno de los mayores desastres ambientales en nuestro país el derramar cinco millones de metros cúbicos de lodo con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados. La reclamación del juzgado de lo mercantil de Sevilla se produjo en junio de 2007 y en virtud del proceso denominado «en conexión con el procedimiento de bancarrota», ya que Apirsa había iniciado una liquidación y su capital social apenas llegaba a los 3.000 euros, cantidad insuficiente para hacer frente a los costes globales que le imputa la justicia española.

No obstante, según aclaró Castillo, la Junta de Andalucía «no es parte directa en este incidente procesal», pues la aplicación en Suecia de las medidas cautelares ha sido solicitada por la administración concursal de la filial española, y en la que la Junta de Andalucía está representada al ser la principal acreedora. Según subrayó la consejera de Medio Ambiente, esta decisión está «sentando jurisprudencia», ya que viene a demostrar que las compañías multinacionales que causen un perjuicio ambiental no podrán «quedar impunes» ni «escabullirse» de sus responsabilidades a través de «operaciones de ingeniería mercantil», como por ejemplo trasladar la responsabilidad de los proyectos a sociedades filiales de escaso capital.

Greenpeace, satisfecha

Asimismo, Castillo explicó que la reclamación de la Junta de Andalucía a Boliden asciende a más de 90 millones de euros, y que en los 141 millones se incluyen los costes aportados al proceso por compañías proveedoras y suministradoras de dicha empresa durante la quita de acreedores, en la que concursaron a la par que la administración regional al quedar también perjudicadas.

En este sentido, manifestó que la intención del Gobierno andaluz es seguir adelante con el litigio, por lo que buscarán la forma de hacer frente a las cauciones exigidas por el tribunal sueco también a las partes -otros 141 millones en concepto de garantía-, «ya que forma parte del procedimiento» y es la fórmula que permitirá hacer «ejecutivo» el requerimiento.

La decisión de la Justicia sueca no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los ecologistas. Greenpeace la valoró «positivamente». No obstante, lamentó que la Administración andaluza haya tenido que recurrir a los tribunales del país escandinavo para que Boliden depure sus responsabilidades en el suceso. La responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace, Sara del Río, calificó de «lástima» que la apertura de un proceso legal de estas características» no haya sido posible en España» y que haya ocurrido diez años después del suceso.