Jueces y secretarios judiciales de toda España llevan a cabo medidas de protesta por las presiones políticas que creen que sufre el Consejo General del Poder Judicial. /EFE
colapso judicial

Bermejo acusa a los jueces de «querer presionar al CGPJ» y subraya que nadie conseguirá ser «intocable»

Los secretarios judiciales han protestado esta mañana por las sanciones a su compañera Juana Gálvez y al magistrado Tirado por el 'caso Mari Luz'

MADRID Actualizado: Guardar
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Los jueces y los secretarios judiciales han realizado esta mañana una protesta en solidaridad con el juez Rafael Tirado y la secretaria judicial, Juana Gálvez, ambos sancionados por el 'caso Mari Luz'. El paro, que ha contado con un alto seguimiento, ha sido criticado por Mariano Fernández Bermejo, que ha acusado a los magistrados de querer presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha subrayado que "si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir".

El titular de Justicia, como fiscal con 34 años de experiencia, considera "inexplicable" que los jueces protagonicen un paro, puesto que ha defendido que su concepto del Poder Judicial es "bastante más elevado" como para entrar en ese tipo de dinámicas. En los mismos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que ha expresado su sorpresa por un paro que "carece de justificación alguna".

Por ello, Bermejo ha señalado que con la huelga convocada para hoy lo que pretenden los jueces es "presionar" al órgano de gobierno de los jueces para que cambie la sanción impuesta al juez Tirado, una multa que, ha remarcado, el Gobierno sigue pensando que es "escasa". "Tenemos el legítimo derecho de decir eso -se ha defendido- y no parece razonable que la consecuencia sea una huelga encubierta".

"En beneficio de los ciudadanos"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió ayer suspender los efectos de la resolución en la que el Ministerio de Justicia fijaba unos servicios mínimos de entre un 30 y un 50% y acordó que sólo deben trabajar los secretarios judiciales de los órganos judiciales que estén de guardia.

El CGPJ, que ayer se reunió con las asociaciones de magistrados y con una delegación de magistrados decanos, reaccionó ante la convocatoria de juntas para hoy pidiendo "responsabilidad" a los jueces y expresando su confianza en que actuarán "siempre en beneficio de los ciudadanos".

El órgano de gobierno de los jueces hizo público un comunicado en el que manifestaba también que "es preciso deslindar las legítimas reivindicaciones de los jueces (...) de la resolución de los casos concretos que tiene legalmente encomendados", en referencia a la resolución del recurso contra la sanción a Tirado.

"Injerencias políticas"

Coincidiendo con el paro, en la mayoría de las sedes judiciales -incluida la Audiencia Nacional- se han convocado juntas de jueces para abordar las "presiones" e "injerencias" políticas que, en opinión de los magistrados, está sufriendo el CGPJ para que aumente la sanción impuesta a Tirado. El anterior CGPJ multó al juez de Sevilla con 1.500 euros, pero esta multa ha sido recurrida por la Fiscalía, que ha solicitado que se le suspenda por tres años.

A este respecto, Alonso ha rechazado las acusaciones, a la vez que ha subrayado "el máximo esfuerzo" que desde hace cuatro años y hasta la actualidad viene realizando el Gobierno para modernizar la Justicia y dotarla de medios. En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha defendido de los ataques de falta de medios que alegan los secretarios judiciales para protagonizar el paro recordando que el Ejecutivo ha aumentado los presupuestos de justicia en los últimos años un 48%, una cifra "de magnitudes desconocidas" en la historia reciente de España.

En este punto, ha destacado que Fernández Bermejo tiene preparado un paquete de medidas modernizadores que va a estudiar con el PP, conforme al acuerdo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, suscribieron en su reunión del pasado julio. Asimismo, Alonso ha mostrado el respeto del Gobierno a la autonomía y la independencia institucional del CGPJ y ha defendido que no existe "ni la más mínima injerencia" del Ejecutivo en las labores que desarrolla el órgano de gobierno de los jueces.