Dilucidar la competencia

a decisión del juez Baltasar Garzón de extender su petición de información sobre los muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a diferentes organismos estatales parece responder a un intento de ampliar su primera providencia encauzada en una sola dirección. Pero la sucesión de iniciativas de grupos de recuperación de la memoria histórica y familias particulares está provocando la incongruencia de que antes de que el juez resuelva si es o no competente para abrir una investigación se da por hecho que le corresponde ese cometido. A la vista de que el desarrollo de los acontecimientos está confirmando los temores de que el procedimiento abierto con por el juez está situando la cuestión más allá de sus propósitos formales resulta apremiante que la Audiencia Nacional resuelva sobre la competencia.