La Unión Europea diseña un plan de inmigración 'selectiva y controlada'

El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha concretado el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, que busca limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral.

El acuerdo, que será aprobado formalmente por la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y sin regularizaciones masivas.

El texto, respaldado de forma unánime por los 27 países comunitarios, busca dar un nuevo impulso hacia una política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la UE, al considerar "imprescindible" que cada Estado miembro tenga en cuenta al resto de la Unión al aprobar sus políticas en la materia.

Un inmigración selectiva

El Consejo de Ministros comunitario también ha logrado un principio de acuerdo para la creación de una 'tarjeta azul' dirigida a atraer a los inmigrantes altamente cualificados. Los ministros comunitarios de Justicia e Interior han cerrado los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no será antes de mediados de 2011.

La 'tarjeta azul' ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir dirigirse a EEUU o Canadá.

El pacto es uno de los principales objetivos de la presidencia francesa de la UE de este semestre y tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el texto. Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación. Cada país comunitario determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo.

Freno a las regularizaciones masivas

Cuando entre en vigor, los países de la UE fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos (acceso a educación, trabajo y los servicios públicos y sociales) y deberes (respeto a las leyes del país de acogida), con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo. Además, se defenderá el respeto de la identidad de los países comunitarios y de la UE, así como de sus valores fundamentales (como derechos humanos, libertad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y escolarización obligatoria de los niños).

Los mecanismos de reagrupamiento familiar tendrán en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma del país de acogida. El texto contempla que los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar el territorio comunitario y las regularizaciones se harán caso por caso.

Además, a comienzos de 2012, como muy tarde, se implantarán los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que estar funcionando un registro electrónico de salidas y entradas en la UE.