La Junta rechaza los 900 millones con los que el Gobierno quería liquidar la 'deuda histórica'

La foto protocolaria tiene muchos grises que contrastan con las alfombras rojas del Ministerio de Administraciones Públicas. La cara de cansancio de los nueve componentes de la delegación andaluza denota a las claras que el resultado de la ardua negociación ha sido insatisfactorio, casi una derrota.

La Junta de Andalucía rechazó ayer tarde, tras una última infructuosa reunión de más de cuatro horas con el Gobierno central, los 900 millones de euros con el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quería zanjar la cuantificación de la denominada deuda histórica. Una cantidad sensiblemente inferior a los 1.148 millones que plantea el Parlamento de Andalucía desde 2003 y muy lejana a los 1.742 millones del extremo más favorable en la horquilla que la Junta ha defendido en esta negociación.

Este desencuentro supone el primer incumplimiento del nuevo Estatuto de Andalucía que, en su Disposición Adicional Segunda, fijaba el 20 de septiembre de 2008 -18 meses después de la aprobación de la reforma estatutaria- como límite para la cuantificación de este débito que nuestra comunidad reclama al Estado en concepto de descompensación en los servicios de Educación, Sanidad y Vivienda en los primeros años de transferencias autonómicas, en la década de los 80.

Pero dos administraciones que viven, desde 2003, en una aparente luna de miel no podían dar un portazo sin más a este asunto, de gran calado político en Andalucía, pero que hasta el momento despertaba poco interés en otras regiones. El actual contexto, con la incierta crisis económica cohabitando con la reforma del modelo de financiación autonómica, ha puesto en el tapete la deuda histórica andaluza que unos miran con recelo y otros con desconfianza y desconocimiento.

La comisión bilateral Junta-Estado, que ayer presidió Elena Salgado, ministra de Administraciones públicas y en la que participaron los vicepresidentes de la Junta Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán y la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, firmó un documento en el que se establece un plazo improrrogable de seis meses para sellar el monto final de estas asignaciones complementarias -como se refirió en todo momento la ministra Salgado a la deuda histórica-, aunque las partes confían en no agotar dicha prórroga.

Pago

Lo más importante del encuentro de ayer, a juicio de los representantes andaluces, es que el Gobierno central se ha comprometido por escrito a respetar la segunda fecha que fija el Estatuto en su Disposición Adicional Segunda. Pase lo que pase, el débito se abonará antes de que transcurran tres años de la aprobación del nuevo articulado andaluz, esto es, el 20 de marzo de 2010.

Durante su comparecencia de prensa Griñán explicó que en la negociación para la cuantificación de este reivindicación histórica, el Gobierno ha trabajado basándose en la propuesta presentada por Andalucía, la que desemboca en 1.748 millones de euros. A partir de ella, la Administración ha ido «desmenuzando» los puntos de la metodología y los referentes a la vivienda son en los que ha habido más discrepancia. El Gobierno central no comparte la valoración de suelo que hace la Junta ni la calificación del censo de VPO existente en Andalucía entre 1981 y 1982. Este asunto ha sido el detonante de este fracaso temporal.

La ministra Salgado, por su parte, llegó a decir que este retraso no incumple el Estatuto. «Un mes antes o más tarde, no es lo más importante para los ciudadanos», el responsable andaluz rechazó que se pueda decir que el Gobierno de España «ha incumplido el Estatuto».

Financiación

Esta negativa deja en una delicada situación a Andalucía en relación al debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La Junta comparte los criterios del vicepresidente Pedro Solbes, pero el propio Griñán condicionó el apoyo andaluz a la propuesta a la cuantificación de la deuda histórica. Griñán dijo ayer que se ratificaba en todo lo que expuso en el Parlamento.