El Supremo ilegaliza por unanimidad al PCTV

El Partido Comunista de las Tierras Vascas sigue los mismos pasos que ANV. Tras dos días de deliberación, los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo han acordado por unanimidad declarar ilegal al PCTV al estimar las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Los quince magistrados de la Sala Especial y su presidente, Francisco José Hernando, asumen los mismos argumentos que se presentaron en contra de Acción Nacionalista Vasca. Consideran que uno y otro partido son "instrumentos" de ETA.

Con esta decisión del TS y tras casi ocho meses de proceso judicial, la izquierda proetarra conformada por las organizaciones del entorno de la banda terrorista ha vuelto a quedarse sin una sola sigla legal en el Registro de Partidos. Las sentencias del alto tribunal, como ya ocurrió en 2003 con Batasuna, deberán ser revisadas en los próximos meses por el Tribunal Constitucional, al que es previsible que recurran las defensas.

La Sala especial únicamente ha comunicado el fallo de la sentencia, y ha precisado mediante un comunicado remitido que su resolución conlleva "las consecuencias de toda índole previstas en la Ley Orgánica de Partidos políticos" (LPP). El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.

Se cierra una parte del proceso

Los dos fallos del Supremo convierten en definitiva una situación que arrancó en febrero pasado, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la suspensión cautelar por tres años de todas actividades de ANV y PCTV dentro del proceso penal en el que tiene imputados por colaboración o integración en ETA a casi 70 dirigentes de ambos partidos, miembros de la última y clandestina Mesa Nacional y responsables de organizaciones de la izquierda proetarra.

Antes de que se hiciera público el fallo, la parlamentaria del PCTV Nekane Erauskin apuntaba que no tenía dudas de que el Supremo iba a ilegalizar su formación, pero adelantaba que recurrirán al Tribunal de Estrasburgo porque se están "conculcando los derechos civiles y políticos de miles de personas". A su juicio, se trata de "una decisión política que tomó el PSOE y que responde a un "mero cálculo electoral".