MINISTRO. Corbacho presidió ayer la mesa de Diálogo Social en su ministerio. / BERNARDO RODRÍGUEZ/EFE
Economia

Corbacho ve posible que el Inem entre en déficit por el pago del paro, pero garantiza la protección

El Gobierno anuncia la limitación de contratos a extranjeros en origen para el próximo año «Los próximos meses van a ser duros», indicó

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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reconoció ayer que «es posible» que el Inem entre en déficit por el mayor gasto que está efectuando para pagar las prestaciones por desempleo ante el alza del paro, pero insistió en que la protección está garantizada y que ningún trabajador que cotice va a perder este derecho.

Corbacho, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, señaló que si el Inem , ahora con superávit, agota su presupuesto y entra en situación deficitaria, el Estado se encargaría de garantizar el cobro del paro a los trabajadores cotizantes que se queden en el desempleo.

«Es un derecho que está garantizado y no se va a cuestionar», subrayó el ministro, que afirmó que, aunque no es partidario de políticas deficitarias, el Gobierno no piensa discutir por «una o dos décimas» de déficit cuando se trata de proteger a los desempleados.

«Por suerte, hemos ido construyendo un sistema de protección social que permite que nadie quede a su suerte. Hay una red que impide que nadie caiga directamente desde el empleo al suelo», enfatizó.

Corbacho admitió que los próximos meses van a ser «duros y ciertamente complejos», pero recordó que se espera una mejoría de la situación económica a partir del segundo semestre de 2009.

El paro no sólo contribuirá de forma decisiva a deteriorar las cuentas públicas, al menos, durante este año y el próximo, sino que también ha forzado al Gobierno a reducir al mínimo la contratación de extranjeros en sus países de origen, que incluso se «aproximarán al punto cero», según advirtió ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho. Lo hizo minutos después de terminar la primera reunión de la mesa del diálogo social, cuya declaración fue rubricada el pasado 28 de julio por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y los máximos responsables tanto de las patronales empresariales CEOE y CEPYME como de los sindicatos CCOO y UGT.