La Audiencia Nacional investigará al Gobierno chino por la represión y las matanzas en el Tíbet el pasado marzo

El juez Santiago Pedraz está investigando a siete responsables políticos y militares del Gobierno chino, dos de ellos ministros, como supuestos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" que causó 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.

La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se ha conocido a tres días de los Juegos Olímpicos de Pekín. En el auto notificado hoy, Pedraz admite a trámite la querella interpuesta por estos hechos por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa. Responde así al llamamiento que habían hecho las autoridades tibetanas en el exilio, que reclamaron una investigación internacional.

El juez considera que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos, que pueden ser constitutivos, según indica el auto, de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas".

Una población perseguida por motivos políticos

Según el auto, la población tibetana es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los siete políticos y militares chinos ahora imputados en esta causa son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

El juez pide a los querellantes que “identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados". Además, cita a declarar como testigos para el 4 de septiembre al responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio y al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del gobierno tibetano en el exilio. El 7 de septiembre el turno será para el responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.

Segunda causa abierta en la Audiencia

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa. Moreno comenzó a investigar este supuesto genocidio tras admitir por orden de la Sala de lo Penal la querella por estos hechos que él en un principio acordó archivar al considerar que la Justicia española no era competente para investigar estos hechos.

La Audiencia Nacional se declaró el 10 de enero de 2006 competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.