Cien días de calculadoras y pactos pendientes

Las tormentas tropicales presagian desastres. Si se dan unas determinadas condiciones meteorológicas, cuando tocan tierra se convierten en huracanes que provocan graves daños.

El sexto mandato de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía comenzó con los nubarrones de una desaceleración económica que el próximo martes, cuando se cumplan cien días de la toma de posesión del Ejecutivo andaluz, se habrá convertido ya en una crisis con nombre y apellidos, pero de duración y consecuencias inciertas.

Los primeros pasos del Consejo de Gobierno han ido encaminados a intentar paliar los efectos de este revés económico que, como se preveía, ha incidido de forma muy negativa en la creación de empleo. De hecho, el paro ha aumentado en el segundo trimestre de 2008 en Andalucía en 56. 400 personas, con lo que el número total de desempleados se situó en 618.000 personas, lo que representa una tasa del 16, 27 % del total de nuestra población activa.

El Gobierno andaluz lleva tres meses lanzado mensajes de tranquilidad a la población. Tanto el presidente Chaves como el vicepresidente segundo, José Antonio Griñán, aseveran que Andalucía afronta esta crisis -que achacan a la coyuntura internacional- mejor preparada que nunca. Los miembros del Ejecutivo socialista han estado, por lo tanto, más pendientes de la calculadora que de otras cuestiones.

La balanza legislativa es escasa. De hecho, el Consejo de Gobierno sólo ha aprobado dos leyes, la de Mediación Familiar y la de Municipios de Gran Población. Ambas normas, además, ya pasaron este mismo trámite a final de la pasada legislatura, pero decayeron al no dar tiempo al Parlamento a aprobarlas de forma definitiva.

Manuel Chaves sí ha sido muy riguroso con las promesas que realizó el pasado 16 de abril, durante su discurso de investidura. Anunció que antes del verano se aprobaría la gratuidad de los medicamentos para los niños menores de un año y que se complementarían con 300 euros las becas Erasmus con el objeto de garantizar un mínimo de 600 euros. Ambas medidas ya se han concretados en sendos decretos. En esta misma línea, en junio se aprobó el Plan de Vivienda 2008-2012 y se ha acelerado la ejecución de proyectos de inversión ya previstos en los Presupuestos en infraestructuras y viviendas protegida por valor de 1.374 millones de euros.

Los primeros cien días de este nuevo Gobierno de Manuel Chaves también se han caracterizado por la imposibilidad de emprender un diálogo directo y fructífero con los partidos de la oposición (PP e IUCA) en relación a los grandes retos de esta legislatura: desarrollo de los nuevos derechos sociales recogidos en el Estatuto; cuantificación de la 'deuda histórica'; traspaso del Guadalquivir (que finalmente no será efectivo hasta el 1 de enero de 2009), la Ley del derecho a la Vivienda, que garantizará el acceso a un hogar propio a todos los andaluces y la postura de Andalucía en la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Igualmente, no encuentran una vía de diálogo para avanzar en la modernización de determinados servicios fundamentales como la justicia y el marco legal del ciclo de la gestión del agua.

El ejemplo más claro de este desencuentro entre Gobierno y oposición llegó con la incapacidad de PSOE, PP e IUCA de alcanzar la unanimidad a la hora de encontrar una propuesta única sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. El Parlamento albergó un debate general sobre esta cuestión y se sellaron pactos, pero sin alcanzar la unanimidad, aunque todos (partidos políticos y Gobierno) parten de la misma base: lo recogido en el Estatuto de Autonomía.

Pese a ello, Andalucía no pudo llevar el pasado martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo unánime de su Parlamento. En esta misma cuestión, el presidente Manuel Chaves ha aplaudido la propuesta realizada por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, porque alberga las principales pretensiones andaluzas: preservar la solidaridad, la igualdad y la suficiencia financiera de todos los territorios de España, la cesión de un mínimo del 50 % de lo que recauda el Estado en concepto de IRPF e IVA y, por encima de todo, la consagración del baremo de población como eje distribuidor de las transferencias que anualmente reparte el Estado entre las comunidades autónomas.

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El clima político desde mediados de abril hasta estos últimos días de julio no se puede calificar de crispado, pero sí de frío. De hecho, Manuel Chaves no se ha reunido aún ni con Javier Arenas ni con Diego Valderas, aunque ha tenido ya tres 'cara a cara' con los líderes del PP e IUCA en distintas sesiones parlamentarias de control al Gobierno.

Sí se han firmado dos acuerdos, aunque de menor calado. Uno, sin embargo, ha supuesto el primer pacto al que PSOE y PP llegaban en relación a Canal Sur desde 1994. Se trata de la elección de los miembros del consejo de administración de la RTVA. Los socialistas cedieron una vicepresidencia a los populares para que estos apoyasen a José Moratalla como nuevo presidente de este organismo. Una conciliación que, de momento, parece impensable para la elección del director general del ente público de radio y televisión.

La otra alianza, también relacionada con los medios de comunicación, se ha consumado en el Consejo Audiovisual y ha tenido un prólogo similar a la de Canal Sur: la puesta en marcha de una vicepresidencia, que ocupa un miembro propuesto por el PP.

Manuel Chaves y su equipo se van de vacaciones con la mente puesta en un otoño 'caliente'. El debate final sobre el modelo de financiación, la negociación de un nuevo acuerdo de concertación social con patronal y sindicatos, la cuantificación final de la 'deuda histórica' (que debe aprobarse antes del 20 de septiembre) o la evolución de la crisis económica son algunos de los asuntos que deberá tratar el presidente andaluz nada más regresar de los días de asueto.