Insostenible

l tercer día del paro convocado por las organizaciones minoritarias de transportistas agravó los efectos que el desabastecimiento comenzó a generar el mismo lunes para los consumidores, para las empresas industriales que precisan de un flujo constante de componentes y material y para el orden horario que precisa tanto la vida laboral como la personal. Los argumentos que pudieron esgrimir en el inicio del conflicto se han ido diluyendo ante la oferta de la Administración y ante la contumacia de su propia actuación. Cada minuto que pasa resulta más incomprensible la cerrazón de Fenadismer, Confedetrans y Antic, las asociaciones de transportistas que convocaron la huelga y continúan demandando una medida imposible por su manifiesta ilegalidad como es la fijación de una tarifa mínima común al conjunto del sector. Por otra parte la decisión del Gobierno, hecha pública por el ministro Rubalcaba, de proceder con «contundencia y firmeza» frente a los piquetes y, sobre todo, las numerosas detenciones practicadas y sanciones impuestas en medio de una tensa jornada vienen a demostrar que el derecho a la protesta mediante el paro en ningún caso presupone la licitud de los métodos empleados, algunos de los cuales se han situado fuera de toda razón. Puede ser lógico que en un primer momento las autoridades de Interior se mostraran, si no permisivas, sí cuando menos pacientes ante los excesos en que incurrían los camioneros en huelga. Probablemente dando por supuesto que una acción más expeditiva encresparía los ánimos entre los huelguistas. Pero lo acontecido ha confirmado que hubiera sido más eficaz y coherente que el ministerio de Interior y los departamentos correspondientes del País Vasco y Cataluña se hubiesen mostrado más severos desde un principio en la aplicación de la Ley.