Editorial

Amenaza acotada

Los indicios de que ETA tiene el propósito de recrudecer su ofensiva terrorista durante los meses de verano confirman cuantos análisis han señalado que la ruptura de su alto el fuego daba inicio a un prolongado período en el que la banda no iba a cejar en su empeño por doblegar la voluntad del Estado democrático mediante el asesinato y la destrucción. El fanatismo impide ver a los etarras que cada día que pasa su amenaza se vuelve más endeble, mientras la sociedad adquiere una creciente entereza para soportar el embate violento. Hace unos días era el presidente Rodríguez Zapatero quien constataba públicamente el aislamiento internacional que padece el terrorismo etarra.

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Las noticias que han circulado últimamente sobre los vínculos con los que ETA pudiera haber contado en América Latina tienen que quedar como historias de un pasado que el Gobierno español ha de encargarse de evitar que se repitan en el futuro. Pero es la marginación social y política de las pretensiones etarras la que está provocando mayor desconcierto entre las bases sociales que han venido secundando o cuando menos comprendiendo su sinrazón. Obligada a demostrar que aun existe, que aun puede provocar daños humanamente irreparables, la inercia terrorista no deja a sus activistas percatarse de que los vascos y el conjunto de la sociedad española agotaron hace tiempo su generosa paciencia a la espera de que recapacitaran y se avinieran a renunciar a las armas. Por eso mismo, resulta sorprendente que todavía el lehendakari Ibarretxe presente su Plan como la mejor forma de colocar a ETA «en su sitio». Es el Estado de Derecho el que ha dejado ya a la trama terrorista en el único sitio que se merece, fuera de la legalidad, sin margen de impunidad y sin que su poder fáctico pueda condicionar como lo hacía la política vasca y la española. Es más, es la vía soberanista que Ibarretxe está ofreciendo para que sea secundada por la izquierda abertzale la que, por su naturaleza ilegal, puede brindar a ETA el eco que indefectiblemente utilizará contra las instituciones y el Estado constitucional. De ahí que a las razones de legalidad y convivencia que el Estado de derecho tiene para impedir que Ibarretxe prosiga con su proyecto de la doble consulta se le una la ventaja que el terrorismo puede obtener de tan temerario ensayo general.