El Consistorio se niega a ceder un edificio para la sede provisional de los juzgados

El debate sobre la futura Ciudad de la Justicia continúa a la cabeza de la actualidad municipal, y en esta ocasión el emplazamiento de la sede provisional de los juzgados se ha convertido en la patata caliente y el centro de la polémica entre las dos administraciones competentes. Ayer, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Sánchez, se reunió con el decano del colegio de abogados, Ignacio Vergara, y le confirmó que el Ayuntamiento no cuenta con instalaciones óptimas donde trasladar los diversos órganos judiciales, en tanto se materializa el gran proyecto.

Por contra, la edil sí mencionó, como ha confirmado el decano, la posibilidad de que la zona de oficinas de las bodegas Croft se alquilase a la Consejería de Justicia durante los años que dure la construcción del recinto único. La edil incluso corroboró en ese encuentro que ya un técnico de la Junta había supervisado en persona esta última opción, aunque lamentó que hasta el momento el Consistorio haya permanecido al margen.

«Lo que ha quedado claro de la reunión -asegura Vergara- es la colaboración por parte del Ayuntamiento, aunque la alcaldesa desconoce cualquier planteamiento de la Junta al respecto, se ha tenido que enterar por la prensa. Ella está dispuesta a colaborar, pero es cuestión de que negocien las administraciones». La delegada provincial de Justicia, sin embargo, ha negado la mayor afirmando que no tiene conocimiento alguno de que se haya producido tal ofrecimiento por parte de la firma bodeguera. En cualquier caso, Blanca Alcántara ha confesado que «aumentar costes no es lo que tenemos previsto», en clara alusión a la idea de alquilar unas instalaciones.

Desde este punto de vista, la delegada aboga por la cesión de suelo municipal, recordando que Jerez está repleto de espacios y edificios múltiples, algo que, no obstante, «habrá que sentarse y estudiar». Lo único que parece meridiano en todo este asunto es que «el edificio de Tomás García Figueras no aguanta más», como subrayó ayer el decano, por lo que cualquier opción posible es válida mientras se lleva a cabo la Ciudad de la Justicia.

En cuanto a la ubicación de esta última, la falta de comunicación entre la Consejería y el Ayuntamiento quedó patente en el momento en que la regidora jerezana confesó que la posible utilización del antiguo cuartel de San Agustín como sede del complejo judicial no le había sido notificada en ningún momento, algo que obviamente debe contar con su necesario beneplácito, puesto que se trata de una propiedad municipal. «Me he quedado sorprendido -confesó el letrado- cuando la alcaldesa me ha dicho que ella no tenía ni idea de eso. El Ayuntamiento está plenamente dispuesto a colaborar como sea y donde sea, pero eso requiere un planteamiento serio y no por la prensa».

En este sentido, la posibilidad que más convence a los profesionales es la de levantar un nuevo inmueble donde se encuentra el actual, algo que piensan se llevaría a cabo de forma más rápida. Paralelamente, también continúan barajándose otras ubicaciones como la bodega Díez-Mérito o unos terrenos situados en el Parque Empresarial, como ha adelantado el decano de los procuradores, José Ignacio Rodríguez-Piñero.

«Esa era una buena opción, pero desde Justicia le han puesto la pega de la lejanía. Lo fundamental es encontrar un sitio que solvente los problemas de aparcamientos, que cuente con instalaciones adaptadas a minusválidos y que reúna las condiciones necesarias de seguridad. Para mí San Agustín es un sitio idóneo porque es grande, aunque a la larga lo viejo siempre está ahí y dará problemas. En cuanto a la Ciudad Administrativa de Chapín, si tiene buenos accesos y suficientes plazas, también sería válido». Los procuradores, de esta forma, no cierran la puerta a ninguna opción al igual que el resto de sus compañeros, siempre que se den ciertas garantías y se cuente con un edificio provisional, mientras se acometen las obras del nuevo.

El sector cierra filas en torno a una solución temprana, sea la que sea, que ponga fin a la saturación de las instalaciones de Tomás García Figueras y las pésimas condiciones de trabajo a las que se enfrentan a diario los funcionarios. Las autoridades, por su parte, tendrán que ponerse manos a la obra y estudiar de forma conjunta las posibilidades existentes, intentando acercar posturas en aras de un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que a fin de cuentas importa.

admontalvo@lavozdigital.es