La Audiencia corrige al juez que dejó en libertad a Roca y prorroga dos años su prisión provisional

Juan Antonio Roca volverá a la cárcel por el caso Malaya. La Audiencia Provincial de Málaga ha prolongado dos años más la prisión preventiva del presunto cerebro de la corrupción marbellí y revoca de esta manera la decisión del juez de Marbella Oscar Pérez, que el pasado 27 de marzo le puso en libertad bajo fianza de un millón de euros, pese a reconocer el «elevado riesgo de fuga». No obstante, Roca ya se encuentra en prisión, aunque por el 'caso Saqueo' que se sigue en la Audiencia Nacional, donde el juez sólo le dejará en libertad si reúne tres millones de euros de fianza.

La Audiencia de Málaga ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía que impugnaron el pasado jueves la libertad bajo fianza decretada por el magistrado instructor del caso, quien decidió «suavizar» el encarcelamiento de Roca por el caso Malaya al entender que la prisión preventiva es una «medida excepcional».

Partiendo precisamente de esa excepcionalidad de la prisión preventiva argüida por el juez marbellí, el tribunal malagueño concluye que la situación de Roca sí es merecedora de esa medida excepcional. Así, la Audiencia de Málaga manifiesta que «pocos casos habrá en que la entidad, naturaleza y gravedad de los hechos y de las penas que pueden imponerse al presunto culpable; por su participación esencial en ellos; por la trascendencia social de los mismos y el evidente riesgo de fuga que el nivel de vida exhibido por el procesado, susceptible de ser mantenido en el extranjero, justifiquen el mantenimiento de la prisión provisional incondicional».

En el auto que ordena la prisión, el tribunal analiza la gravedad de los hechos y los indicios de participación del ex asesor de urbanismo marbellí en ellos. De esta manera subraya que «la gravedad de los delitos atribuidos a Roca se desprende de la simple transcripción de las imputaciones y de las penas que pudieran corresponderle», y destaca además su papel principal en el caso Malaya, en el que «aparece como principal artífice de una trama delictiva organizada por él».

Uno de los argumentos esgrimidos por las acusaciones para pedir que el ex asesor de urbanismo de Marbella volviera a la cárcel fue el de la «agravación de su situación procesal» por su implicación en otros casos en los que está procesado y siendo investigado y que están recogidos en el auto del propio juez instructor. La Audiencia de Málaga se hace eco de estos argumentos y recuerda que Roca tiene pendiente el caso Saqueo, en el que la Audiencia Nacional ha acordado ya la apertura de juicio oral, y en el que se enfrenta a una pena de diez años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad. También agrega que está siendo investigado por un juzgado de San Javier (Murcia) por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.

Asunto más polémico

El asunto más polémico es el riesgo de fuga. El propio juez instructor en su auto del 27 de marzo admitía esta posibilidad, que llegó a calificar de «elevada», pese a lo cual decidió poner a Roca en libertad, eso sí previo pago de una fianza de un millón de euros, que el presunto cerebro de la corrupción marbellí logró reunir en 14 días.

El tribunal malagueño se muestra claramente en desacuerdo con la medida adoptada por el instructor, «ni en el criterio» en cuanto a la fijación de la fianza, ni en la cuantía de la misma que considera «absolutamente insuficiente». Así, la Audiencia explica que «por mucho que se quiera reconsiderar la situación de Roca la gravedad de los hechos es evidente», tanto que «ha determinado la disolución del Ayuntamiento de Marbella». Añade además que «la acumulación de frentes procesales es de gran entidad» y que Roca «aparece como figura principal del entramado delictivo». Por ello considera que es «razonable y de sentido común que se incrementen de manera lógica y humana las expectativas de fuga de quien ha de enfrentarse a tales procesos penales».

En cuanto al sometimiento a la acción de la Justicia, el auto de la audiencia afirma que tiene «serias dudas» de que Roca cumpliera con las medidas cautelares que le impuso por la Audiencia Nacional, ya que existe un procedimiento penal contra un funcionario del juzgado por entregar actas de comparecencia en blanco al procesado para que no tuviera que desplazarse a firmar a la sede judicial. En cuanto al arraigo en el país del ex asesor de urbanismo marbellí destaca que su patrimonio está intervenido y «existe la sospecha de que pueda disponer de dinero en el extranjero para alentar la idea de la fuga» y se refiere a las operaciones de «gran envergadura realizadas en paraísos fiscales».