La Junta pacta con Diputación y varios ayuntamientos 38.917 nuevas VPO

Vivienda protegida para todos, incluidas las familias con ingresos de entre 3.000 y 1.500 euros mensuales. Ésa es la propuesta de la Consejería de Obras Públicas que ayer presentó su titular, Luis García Garrido, a una veintena de alcaldes y representantes municipales gaditanos. La Junta cree que hacen falta 44.500 viviendas de protección oficial (VPO) en la provincia y, de momento, ha cerrado acuerdos con la Diputación y ocho ayuntamientos para construir 38.917 pisos protegidos.

El instrumento para lograr este objetivo será la modificación de la normativa urbanística andaluza introducida en el Decreto 11/2008. Según García Garrido, la nueva ley hará posible la adaptación de los planes de ordenación urbana «sea cual sea la fase en la que estén» al plan general andaluz (POTA) y alcanzar el mínimo del 30% de vivienda protegida que éste exige. El consejero asegura que el nuevo instrumento garantiza «rapidez» a la adaptación al dejar a los ayuntamientos la aprobación inicial y definitiva de los cambios.

Los municipios serán los responsables de decidir el tipo de suelo y de vivienda protegida que quieren desarrollar. Obras Públicas piensa construir 300.000 VPO en diez años en toda la región y ya ha firmado actuaciones para 225.163 casas. De ellas, 80.000 deberán destinarse a familias con ingresos de hasta 3.000 euros mensuales y 40.000 a familias que no ganen más de 1.500 euros. Se trata de una horquilla de usuarios que estaban quedando excluidos del mercado al no poder acceder ni a la vivienda libre ni a la protegida.

En la provincia de Cádiz, un estudio del Instituto de Estudios Sociales ha fijado en 44.500 las VPO necesarias, principalmente para jóvenes, por lo que la Junta ha cerrado acuerdos para la reserva u obtención de suelo para 38.917 casas. De ellas, 7.688 corresponden a un convenio suscrito con Diputación para municipios de menos de 20.000 habitantes. Del resto, Jerez (16.247), Los Barrios (8.797), Sanlúcar (5.190) y Algeciras (4.500) son las localidades más beneficiadas, mientras que Arcos, Barbate, Puerto Real y San Roque también han firmado acuerdos.

García Garrido recordó a los alcaldes que con el nuevo decreto los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan crecido menos de un 10% podrán superar el límite del 40% de aumento de suelo urbanizable hasta un máximo de un 60%. El edil de Puerto Real, José Antonio Barroso, alabó las intenciones de la Junta, pero fue el más crítico al poner en duda que la Consejería «tenga los recursos técnicos suficientes» para realizar todas las adaptaciones.