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El catalán, en Cataluña y en Madrid

Los prolegómenos electorales han sido ocasión para reabrir el viejo y agotador conflicto lingüístico en este país. Esta vez, la discusión ha llegado de la mano de tres hechos relacionados entre sí: Chávez ha propuesto en Andalucía que el catalán se enseñe en las escuelas oficiales de idiomas, Rajoy ha prometido escuelas públicas en Cataluña que utilicen el castellano como lengua vehicular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado la creación en su territorio de una escuela pública «en catalán».

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La recurrencia de este asunto demuestra que la coexistencia de diversas lenguas en España no se ha resuelto todavía del todo, de modo que persiste cierta conflictividad. Es probable además que haya varias opciones alternativas razonables para orientar la política lingüística, pero he aquí una regla que disfruta de mucho respaldo y que ha rendido hasta ahora frutos positivos en Cataluña: la enseñanza pública ha de utilizar como lengua vehicular la materna de la mayoría de los ciudadanos, sin excepciones. En el caso de Cataluña, en esto consistiría la inmersión lingüística en catalán, que ha de complementarse con el aprendizaje del castellano, en aras de la cooficialidad constitucional y del deseable bilingüismo real. La principal razón pedagógica de semejante fórmula está relacionada con la cohesión social: ha de evitarse la compartimentación en la escuela, de forma que todos los ciudadanos sean aculturados mediante las mismas pautas. Naturalmente, este sistema necesitará apoyos singulares a los escolares no catalanohablantes hasta que sean capaces de ponerse al paso de los que sí lo son. Este criterio debe complementarse, quizá, con la atención a los transeúntes: cabe proporcionar en Cataluña enseñanza pública en castellano a los hijos de personas que sólo residen temporalmente en el Principado, e incluso a quienes, por alguna razón excepcional, opten también por esta fórmula por motivos ideológicos.

Si se aceptan estos criterios, carecerá de sentido la instauración en Madrid de escuelas públicas en catalán. Porque lo lógico sería que los hijos de padres catalanes afincados en un territorio castellanohablante se aculturaran en castellano y pudieran mantener su bilingüismo gracias a la enseñanza de catalán.

En lo referente a la iniciativa de Chávez en Andalucía, es absolutamente pertinente: deben encontrar las mayores facilidades posibles quienes, con cualquier fin, deseen aprender cualquiera de las lenguas oficiales españolas. Hay que recordar que actualmente, y por número de cátedras, es más fácil estudiar filología catalana en el Reino Unido o en Estados Unidos que en España. Como se ha dicho, las pautas educativas actualmente en vigor en Cataluña han dado magníficos resultados: la integración lingüística en catalán no ofrece problemas -son testimoniales y están aislados los escasos casos de padres que denuncian la dificultad de conseguir enseñanza pública en castellano para sus hijos-, el bilingüismo es un hecho natural y gozoso en la comunidad -las actitudes sectarias son noticia porque son rarísimas-, y se ha entendido que resulta razonable exigir la condición de bilingües a los funcionarios públicos. El único elemento con el que parece imposible transigir es la existencia de una presión sancionadora sobre los infractores de la política de rotulación imperante. En todo caso, la inmensa mayoría de los catalanes corroborará gustosa que no existe en Cataluña un problema lingüístico.

Así las cosas, resulta difícilmente justificable regresar a cada elección a este tema de debate con el ánimo de obtener de él réditos políticos. Por supuesto, no debe haber cuestiones tabú en una democracia abierta, pero la mala fe es reprobable en todos los casos, y a veces parece que se quiere lograr que los catalanes terminen arrojándose internamente las opciones lingüísticas a la cara, algo que nunca ha sucedido ni sucederá en tanto la ciudadanía de este territorio conserve los rasgos esenciales, pacíficos y conciliadores, de su personalidad y su cultura.