La revolución de los jubilados

El de ayer fue un día especialmente importante para ellos. «Somos cuatro jubilados, pero ya hemos logrado que se impute por este presunto delito urbanístico a los tres alcaldes de la democracia en Jerez», decía satisfecho Francisco García, portavoz del colectivo. Ya nadie les puede devolver aquellos huertos en los que invertían su tiempo y su ilusión, unas parcelas en las que ahora se levantan hileras de unifamiliares. Estos hombres y sus familias tienen, no obstante, un claro deseo de que se haga justicia y se demuestre que la expropiación de aquellos sembrados se saltó todos los dictados de la legalidad urbanística.

Francisco García asegura que el colectivo está «intentando demostrar uno de los muchos desmanes urbanísticos que se han cometido en Jerez en los últimos años»,y lamenta que el proceso esté siendo tan lento. Preguntado por la declaración ayer ante el juez de la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y los delegados Francisco Lebrero y Antonio Fernández Ortega, el portavoz de los afectados entiende que se trata de «un granito de arena, un logro, una batallita que se está ganando y con la que esperamos ganar la guerra».

Una estafa a Jerez

García no se muerde la lengua a la hora de calificar lo sucedido en este caso bautizado como el de los huertos de ocio, un contencioso que nace cuando el Ayuntamiento de Jerez, por mediación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, hace que los huertos de la discordia, alquilados por varias familias en la zona de San José Obrero, pasen a la historia para convertirse en suelo urbanizable. «Es una pena», señala Francisco García, «que se ha estafado al pueblo de Jerez permutando una finca por una miseria».

El portavoz de los afectados recuerda, además, que la zona donde se ubicaban los huertos familiares «era de gran valor urbanístico» y se vendió por una escasa cantidad de dinero a una promotora de viviendas de la ciudad. «Se la regalaron a Xera Promociones», recordaba ayer García.

Los huertos estaban alquilados a estas personas a través de unas anualidades que eran renovables. Sin embargo, según García: «nos han seguido cobrando recibos después de habernos echado de allí». Han pasado cuatro años desde que les invitaron a abandonar aquellos trozos de tierra, pero la indignación de estos hombres no sólo no ha decaído sino que se ha ido acrecentando con el tiempo.

Son gente de campo, jubilados en su mayoría, pero ya han puesto en jaque al Ayuntamiento de Jerez y no piensan descansar hasta terminar esta partida y conseguir que un juez les de la razón.