Impunidad rota

La operación dirigida contra la cúpula de la ilegal Batasuna ha coincidido con la suspensión de actividades de ANV y el PCTV por parte del juez Garzón. La negativa del Alto Tribunal a proceder a la suspensión en este momento procesal certifica que la marca de la izquierda abertzale que hoy ocupa nueve escaños en el Parlamento Vasco cuenta para defenderse de una posible ilegalización con las garantías que le procura el mismo Estado de Derecho que pretende subvertir. Pero en tanto que señalada penalmente como parte integrante de la trama etarra, queda sujeta a la tutela judicial establecida por Baltasar Garzón. La izquierda abertzale trata de presentar la actuación contra ANV y el PCTV como si fuese un atentado contra las libertades y una «imposición de Madrid». Ello responde a su tradicional manera de eludir la acusación de fondo practicando un victimismo tan agresivo como el que el pasado domingo convirtió calles céntricas de Bilbao en escenario de la barbarie. Además, es evidente que la proliferación de ataques y actos de sabotaje de los últimos días trata de mantener encendida la llama terrorista. Resulta inaudito que las formaciones democráticas contrarias a la apertura de sendos procedimientos, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, continúen esforzándose en descalificar las actuaciones judiciales como reflejo de un determinado propósito gubernamental que en juzgar con la severidad que merece el inmovilismo liberticida en que sigue instalados los adláteres de ETA.