Inseguridad en la red

l fraude a través de la red ha desbordado el ámbito de los delincuentes informáticos circunstanciales para convertirse en una actividad ilegal, sistemática y organizada en la que han encontrado un filón las mafias de la estafa que buscan sus víctimas tanto en las entidades bancarias como entre los consumidores. La detención por la Policía Nacional de 76 personas dedicadas a cometer estafas a través de Internet en el marco de la operación Ulises pone al descubierto una trama que operaba en 15 comunidades autónomas, integrada por delincuentes de varias nacionalidades que empleaban diferentes modalidades para cometer sus delitos y que han perjudicado a miles de personas aun sin identificar. La operación policial coincide con recientes estadísticas que sitúan a España como uno de los últimos países de la UE en volumen de comercio electrónico junto a Finlandia y Chipre. Y, precisamente, no existe una fórmula más adecuada para favorecer la incorporación de los esquivos compradores españoles a ese espacio comercial que la intensificación de la seguridad en las transacciones con el desmantelamiento de estas bandas de ciber-delincuentes. Porque España ocupa en el mapa del fraude por Internet uno los lugares de privilegio al que las mafias sitúan entre sus preferidos para cometer actos ilegales de dimensión transnacional a través de ordenadores zombies que usan para enviar correo electrónico indeseado, colapsar determinadas páginas web o descargar a otros ordenadores virus informáticos. Está acreditado también que en España un alto porcentaje de reclamaciones a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito tiene su origen en operaciones a través de Internet y que los consumidores españoles no acaban de confiar sus transacciones a la red por temor a problemas de seguridad, fallos logísticos o cuestiones legales. Pero la responsabilidad para hacer de Intenet un espacio seguro compromete no solo a la necesaria actitud preventiva de los propios internautas, sino que requiere una intensificación de la persecución del fraude por las fuerzas de seguridad y desde las mismas entidades financieras emisoras e intermediarias del comercio que tienen en la erradicación de esas incidencias y la autentificación de los clientes una de las tareas decisivas para devolver la confianza a los consumidores.