FORO ELECTORAL

Movilizar el trabajo

El catedrático Fernández Díaz cree engañoso considerar un factor de equilibrio y bienestar económicos la resistencia a cambiar de residencia por motivos laborales. Por ello, y ante el incremento en las cifras del paro, aconseja a los poderes públicos que activen medidas que propicien un mayor dinamismo en el mercado del empleo

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LA Economía tiene que basarse en los principios de eficiencia y equidad, a los que, obviamente, hay que añadir el de legalidad. El comportamiento del mercado de trabajo no puede sustraerse al cumplimiento de estos principios, pues caería en distorsiones y preocupantes desequilibrios. La movilidad laboral, tanto geográfica como funcional, constituye uno de los aspectos más interesantes de este mercado, aunque no suele abordarse en los análisis y estudios económicos.

España conoció una larga etapa de movilidad del factor trabajo cuando el país gozaba de una mayor integración y unidad de mercado, a la vez que padecía un desequilibrio territorial más acentuado así como un menor nivel de desarrollo. Pero en la fase más reciente las cosas son bien distintas, pues a los efectos perniciosos de una descentralización desbordante y descontrolada, con la aparición de barreras interiores, hay que añadir una sensible mejora del bienestar económico junto al surgimiento entre el trabajador medio de un nuevo estilo de vida consistente en ampararse en la cercanía de la familia. Y decimos ampararse porque esa indiscutible mejora global del bienestar viene acompañada en estos últimos años de un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, debido a un crecimiento de los salarios por debajo del de los precios y a la existencia de modalidades de contratación que deberían sonrojarnos. Nos referimos a los contratos fijos y discontinuos y, muy especialmente, a los contratos de trabajo temporal, que han llegado a suponer el 34% del total frente al 13% de promedio de la UE. Y todo ello con la pasividad y el consentimiento de los sindicatos.

Indicadores engañosos

A veces se piensa que la falta de movilidad laboral constituye un indicador de armonía, equilibrio y bienestar del sistema económico, lo que a todas luces resulta engañoso, pues ello atenta contra una buena asignación de los recursos y, por supuesto, contra la equidad y la eficiencia. Economías como la norteamericana, en las que la movilidad del factor trabajo es clara, normal y totalmente asumible, disfrutan sistemáticamente de un bajo porcentaje de paro cercano, en ocasiones, al pleno empleo. La existencia de una mayor o menor tendencia a la movilidad laboral depende de un conjunto muy variado de factores y circunstancias. Entre ellos, además del modelo, modo o estilo de vida, podemos señalar el nivel de paro del que partimos y su dispersión; la asimetría o desigualdad territorial en lo que se refiere a oportunidades de empleo; los distintos grados de desarrollo de las regiones o comunidades; la calidad y suficiencia de información en el mercado de trabajo; el comportamiento y la actitud de las instituciones, así como de sindicatos, asociaciones de empresas y confederaciones; la política salarial en el marco de la política económica; o la diversidad legislativa cuando el acentuado nivel de descentralización, como es el caso de España, así lo permite.

En nuestro país se da una circunstancia muy especial en la actualidad, y es que, tras un rápido e imprevisto proceso de inmigración, contamos ya con 3.957.300 trabajadores extranjeros que, al menos en una primera fase y hasta que se consoliden, podrían contribuir a aumentar la movilidad laboral. Pero ello no merma la necesidad de que los programas económicos electorales tengan muy en cuenta nuestra peculiaridad en el fenómeno que nos ocupa, máxime tomando en consideración el panorama que se perfila para 2008. En efecto, el horizonte económico no es nada tranquilizador, como puede deducirse de análisis de los principales indicadores económicos. España es el país de la zona euro que registra mayor porcentaje de paro, entre un 8,6 y un 9,5%, según utilicemos los datos del INE o del INEM. Pero la situación puede empeorar a lo largo del ejercicio, pues la previsión de crecimiento del PIB no supera el 1,6% para la eurozona y apenas alcanzará el 2,5% en el caso de la economía española, lo que dará lugar sin duda alguna a un aumento del desempleo.

Cultura de la movilidad

Ante este estado de cosas, es preciso que los poderes públicos tomen nota de que es preciso buscar medidas que estimulen la movilidad laboral, a fin de redistribuir de manera eficiente el mercado de trabajo y de paliar los efectos negativos de la dispersión del paro. Estas actuaciones o iniciativas de política económica resultan imprescindibles si partimos del hecho de que sólo el 13% de los españoles declara estar dispuesto a cambiar de residencia por motivos laborales frente al 27% de los europeos. A ello hay que añadir un dato más, que es que no rebasa el 1,5 el porcentaje de los trabajadores europeos que están contratados en un estado miembro distinto al propio.

La limitada cultura de la movilidad explica, entre otros factores, que España sea el país de la UE con mayor volumen de vivienda en propiedad y con un precario, insuficiente y costoso parque de pisos en alquiler. No resulta fácil luchar ni contra los altísimos precios de la vivienda ni contra la llamada «cultura de compra», así como tampoco contra la atadura producida por los fuertes lazos familiares, que anclan o mantiene al trabajador en su entorno o lugar originario. Sin embargo, cualquier programa de política económica que para gobernar quiera presentarse, máxime en un país con los problemas y singularidades que hemos mencionado, ha de dedicarle una especial atención a la movilidad del trabajo, considerando que la misma constituye un tipo de inversión en capital humano y que se inspira en el principio fundamental de que los trabajadores quieren mejorar su situación económica, en tanto que las empresas buscan contratar a los trabajadores más productivos.

Lo que antecede obliga a los gestores públicos a llevar a cabo un conjunto de medidas que van desde potenciar la formación profesional hasta reconsiderar la Ley del Suelo, pasando por la desaparición de las barreras que desalientan el libre desplazamiento o propiciando la existencia de ayudas a la vivienda y a la educación dirigidas a los que optan por movilizarse o emigrar. Porque no olvidemos, finalmente, que si facilitamos y hacemos posible una mayor movilidad laboral, fundada y de equilibrio, estaremos contribuyendo a conseguir una economía más justa, racional y eficiente, con todo lo que ello implica en el bienestar general.