opinión

El Comentario|El canon, de nuevo, por antonio Papell

E l PP, dispuesto a todo en estas vísperas electorales, se ha asido fuertemente a la campaña contra el canon digital sin duda convencido de que le reportará beneficios. El lunes, Rajoy se reunía con miembros de la plataforma Todoscontraelcanon, quintaesencia de la rebelión ácrata de los internautas radicales contra el sistema establecido, que le hicieron entrega de los más de dos millones de firmas recogidas. A consecuencia del encuentro, el PP ha distribuido entre los ayuntamientos en los que gobierna propuestas de moción para apoyar la campaña. El secretario de comunicación popular, Gabriel Elorriaga, un hombre con sólidos conocimientos jurídicos, no tenía más remedio que alabar poco después esta «iniciativa sin precedentes» y aprovechaba la ocasión para significar que desde el 23 de diciembre, cuando Rajoy se sumó públicamente a esta medida, se han conseguido más de medio millón de firmas. Y en un rapto de sinceridad contradictorio con todo lo anterior, Elorriaga reconoció que el PP defiende en cualquier caso «el derecho a la copia privada» y que es preciso por ello «establecer un mecanismo para retribuir al autor».

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Es claro que este asunto se ha frivolizado antes de politizarse, por lo que conviene detenerse un segundo sobre el fondo de la cuestión: la sociedad de la información, con la que nos llenamos orgullosos la boca, se compone de dos elementos: unos contenidos y unas redes tecnológica que permiten su circulación y acceso. Si no reconocemos sus derechos a quienes producen estos contenidos y dejamos de retribuirles, la sociedad de la información sencillamente desaparecerá.

Conscientes de ello, los países europeos y la propia Comisión han adoptado progresivamente disposiciones al respecto, a medida que aparecían instrumentos tecnológicos que facilitaban la reproducción de las obras originales. Surgió así el derecho a la copia privada, que limita la propiedad intelectual del creador y autoriza a cualquiera a realizar una copia para su uso particular. La primera norma en este sentido se promulgó en Alemania a mediados de los sesenta. A cambio de esta autorización legal, las propias leyes reconocen una compensación económica a los creadores, que en principio abonan quienes fabrican y comercializan los instrumentos que facilitan el copiado y finalmente se repercute como un coste más de producción. De los 27 países comunitarios, este criterio funciona en 22; en los otros cinco la copia privada está sencillamente prohibida, salvo casos muy tasados. No estamos, pues, ante una peculiaridad española sino ante un modelo recogido por la Directiva 2001/29, que armoniza los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información, que fue plasmado por España en la ley 23/2006 de 7 de julio, aprobada por unanimidad de todos los grupos, con las solas abstenciones del Grupo Vasco y de Esquerra Republicana de Catalunya. Es cierto que esta normativa ha adquirido una nueva dimensión porque el canon está dejando de concebirse como contraprestación por el derecho a la copia privada para pasar a ser una especie de contrapartida al abusivo pirateo, a la apropiación sistemática por mucha gente de obras audiovisuales violando abiertamente la propiedad intelectual de las mismas. Ello es así, primero, porque la tecnología ha avanzado a tal ritmo que la globalización ha universalizado los accesos a toda la información existente, incluida la protegida por los correspondientes derechos; y, segundo, porque la industria cultural no se ha aclimatado con la necesaria rapidez a los nuevos tiempos. Así por ejemplo, en este nuevo marco los grupos musicales reducen sus ingresos por venta de discos pero pueden multiplicarlos con sus actuaciones en directo gracias a la difusión gratuita de sus grabaciones

Es preciso reflexionar sobre estos asuntos, que evolucionan a gran velocidad y requieren respuestas imaginativas y dinámicas. Pero lo deseable y exigible de parte de los grandes partidos es que no contribuyan a extender la frivolidad sino que faciliten esta reflexión y persistan en el criterio de que sin propiedad intelectual no habrá creación y nos empobreceremos gravemente todos.

Se equivoca, en fin, Rajoy al ceder a la tentación del populismo en este asunto, tras el salto mortal de una rectificación inexplicada a sus electores. Las frivolidades antisistema no son buena tarjeta de presentación para un aspirante a presidente que quiere ser "previsible, patriota, independiente, moderado y resolutivo", según ha declarado recientemente a un medio de comunicación.