Aborto por ley
Las investigaciones abiertas contra tres clínicas en Barcelona por practicar presuntamente abortos ilegales y la suspensión cautelar en la actividad de otros centros decretada por la Comunidad de Madrid han reabierto la siempre delicada controversia sobre los límites y la vigencia de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión del PSOE de reavivar el análisis sobre la conveniencia de ampliar los supuestos de despenalización, un asunto que no preveía incorporar a su programa electoral, constituye una iniciativa legítima que, sin embargo, puede provocar en estos momentos efectos indeseados. Y no sólo porque la proximidad de la cita con las urnas dificulte sobremanera la reflexión pública sosegada de un asunto que precisa, por su propia naturaleza, del mayor consenso político, institucional y social posible. También porque ninguno de los dos procedimientos iniciados contra las clínicas antes mencionadas han evidenciado hasta la fecha que el auténtico problema de fondo sea la literalidad de la ley, sino la posibilidad de que los detenidos se estuvieran aprovechando de las facultades que emanan de ella para beneficiarse ilícitamente de un trance tan personal, íntimo y difícil como un aborto.
Actualizado: GuardarLa controversia que aún continúa despertando la interrupción de embarazo no debería obviar nunca que la decisión de abortar constituye un desgarro que deja un dolor tan agudo como todavía vergonzante, sea cual sea el motivo último que lo provoca. Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, alrededor de 90.000 mujeres se someten cada año a una interrupción del embarazo amparándose en los supuestos previstos por la ley, una realidad de consecuencias subterráneas -de los abortos no se habla- pero cuya resolución se ha encauzado sin que apenas hayan aflorado problemas de legalidad desde que se aprobó la despenalización. Eso no significa que la normativa no pueda reformarse, especialmente para clarificar aún más los plazos, si existe un amplio e imprescindible consenso al respecto. Porque las supuestas irregularidades detectadas ahora no demuestran tanto una falla en la reglamentación con que los centros investigados daban cobertura a sus actividades, como la necesidad de reforzar el control público de una intervención delegada de manera abrumadora en las entidades privadas y de perfeccionar los instrumentos institucionales para prevenir embarazos no deseados.
