Un tercio de las viviendas ilegales se ha construido en los últimos cinco años

Esto supone que un tercio de estas edificaciones se han erigido desde «el acuerdo del punto cero», suscrito en 2002. Este pacto, ratificado por todos los grupos municipales, tenía el compromiso de legalizar todos los diseminados irregulares edificados hasta la fecha e impedir la construcción de nuevas residencias fuera del planeamiento.

En vez de paralizar la construcción de estos diseminados sin planeamiento (DSP), este punto cero ha provocado «una auténtica fiebre constructora».

La teniente de alcalde de Urbanismo ha querido dejar bien claro que «todo esto ha sido gracias a la permisividad y anuencia del anterior equipo de Gobierno de Independientes Portuenses».

En este sentido, Ybarra también culpa a esta formación política de haber paralizado el Plan General durante más de ocho años. «Un Plan General puede ser bueno o malo», subrayó la edil de Urbanismo, «pero lo mínimo que se le pide es que sea legal y que la Junta de Andalucía sea capaz de aprobarlo».

PGOU

Asimismo, el Área de Urbanismo ha comunicado que «a principios de febrero se tiene previsto celebrar el concurso para adjudicar el equipo externo que se encargue de redactar el nuevo Plan General de Ordenación».

En la actualidad, Urbanismo está preparando el pliego de condiciones que tendrán que cumplir las empresas que quieran ganar este concurso público. La contratación de este equipo redactor externo costará a las arcas municipales cerca de dos millones de euros, más de 300 millones de las antiguas pesetas.

Patricia Ybarra considera que «sólo se podrá salvar un 20% del Plan General, ya que el informe de incidencia territorial de la Junta ha supuesto un fuerte varapalo para esta iniciativa». Por su parte, IP exige que se convoque la comisión de seguimiento para debatir este documento.